El lenguaje también debe ser transparente

La falta de transparencia que ejercen las administraciones públicas (ya sea deliberadamente o por desidia o miedo) no solo afecta a asuntos tan importantes como la contratación, el reparto de subvenciones o la gestión de los servicios públicos. Esa falta de transparencia también se da en el lenguaje que se utiliza para redactar leyes, normas, reglamentos, planes, pliegos, y demás documentos públicos.

En DE PAR EN PAR entendemos que para ciertas personas con responsabilidad política resulte apabullante que ahora les vengan con que la transparencia no es cumplir con los cuatro datos que les indica la ley, sino que deben hacer mucho más, como por ejemplo una puesta a punto en tecnología y diseño web y elaborar documentos con un lenguaje llano.

Pero desde aquí les animamos a que lo intenten. No es complicado. Solo es cuestión de principios: ¿crees realmente en la transparencia? ¿respetas de verdad el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas de tu ciudad o pueblo? ¿apuestas por hacer accesible la información de una manera clara? Si has respondido sí a estas cuestiones, empieza a hacerlo.

Ponemos como ejemplo una gran iniciativa de la Diputación de Bizkaia, con la ayuda de Lectura Fácil Euskadi, que consiste en adaptar el lenguaje de los textos normativos a uno que lo entienda todo el mundo. Esta administración ha empezado por transformar la Norma Foral de Transparencia (Ver aquí la noticia) en un documento inteligible para un segmento de la población hasta ahora olvidado. Porque, ¿de qué sirve publicar información si esta no es comprensible para todas las personas? Desde aquí felicitamos a la Diputación de Bizcaia por esta determinación, y animamos a otras administraciones a que sigan su ejemplo.

Transparencia

Que se haga la luz

‘El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas’ elaborado por KPMG revela que el 62% de las personas con responsabilidad pública encuestadas asegura que sus respectivas administraciones tienen mecanismos para prevenir y detectar comportamientos corruptos. Unas dicen que en sus administraciones hay órganos de control interno, otras aseguran que lo que tienen son códigos de buena conducta o de buen gobierno, y el tercer grupo indica que con lo que cuentan es con el compromiso de sus jefes y jefas contra el fraude en la gestión de lo público. (VER NOTICIA AQUÍ)

Desgraciadamente, ni los códigos de buena conducta, ni los órganos internos, ni mucho menos los compromisos políticos son garantías. Más bien son algo así como las maravillosas intenciones de Año Nuevo: que si vamos a ir al gimnasio todas las semanas, que si esta vez sí que nos vamos a poner serios y serias con la dieta, que de mañana no pasa que nos apuntemos a un curso de inglés… En definitiva, que los planes contra la corrupción quedan muy bien sobre papel para presentarlos en rueda de prensa a los medios de comunicación, pero otra cosa es cumplirlos.

Así que menos hablar y más hacer. Para acabar con las malas prácticas políticas y funcionariales (sin meter en el mismo saco, claro está, a todas las personas políticas y funcionarias) no hay nada como encender la luz y colgar el cartel de ‘Pasen y vean’. En la misma noticia sobre la encuesta hecha por KPMG se menciona a Norberto Bobbio y su idea de que la democracia es la gestión de lo público, en público. Y en DE PAR EN PAR no podemos estar más de acuerdo. Las administraciones públicas deben ejercer sus funciones en una caja de cristal con buena iluminación (es decir, en sus sitios web), y apostar por una transparencia en su gestión que acabe con las sospechas y los rincones en sombras. Eso sí que sería un mecanismo de control real y una señal de respeto a la ciudadanía. Lo demás, papel mojado.

Transparencia

¿Vaciamiento de archivos?

En la jornada Transparencia y Administración Pública celebrada en el Cabildo de Gran Canaria el pasado 14 de marzo se realizaron apuntes muy interesantes. Entre ellos, uno que realmente nos ha llamado la atención en DE PAR EN PAR es el relativo al vaciamiento de archivos.

Se dijo en esa jornada que en países con más años de experiencia que España en practicar la transparencia ocurre que los funcionarios no se atreven a realizar informes por escrito por si luego aparecen publicados en medios de comunicación. Ante este hecho, prefieren no ser del todo sinceros en sus informes o, simplemente, hacerlos de forma oral.

Los datos como este, dichos así, en frío y sin documentos ni fuentes diversas y objetivas que los avalen, son muy peligrosos. Sobre todo, porque son de los que tiran algunos y algunas para vestir de razonamiento los tijeretazos a la transparencia. Son la excusa perfecta para explicar por qué la transparencia debe ser suministrada a la sociedad en dosis muy pequeñas.

Pero hay que preguntarse lo siguiente:

1- ¿Es que las personas con responsabilidad de gobernar en las administraciones públicas españolas van a aceptar que sus funcionarios hagan informes sin dejar constancia de ellos?

2- ¿Es que el funcionariado español no se debe al interés público y no debe actuar según las leyes, sin nada que esconder?

Desde luego, es interesante analizar otras experiencias y conocer las consecuencias que podrían darse al practicar una transparencia ejemplar. Pero no solo hay que localizar los riesgos, sino también hablar de las soluciones para paliarlos en beneficio de la lucha contra la corrupción.

Transparencia

La transparencia también es diseño

Hay veces que encontrar un dato en los sitios web de las administraciones públicas es peor que buscar una aguja en un pajar. Son sitios abarrotados de áreas, servicios, colores, fotografías, títulos y subtítulos, llamamientos diversos, miles de noticias, y páginas de inicio que no terminan nunca, por mucho que bajes y bajes con el ‘ratón’.

En definitiva, hay tantos elementos juntos en esas páginas, que nada destaca. Y, peor aún, hacen perder el tiempo a los usuarios y usuarias, dificultándoles llegar adonde quieren llegar. Así que la pregunta es: ¿Es eso transparencia? En absoluto. Esos sitios web parecen tablones de anuncios universitarios donde se superponen carteles de conciertos, programas de conferencias, alquileres de pisos, intercambios de libros y apuntes, solicitudes de trabajo y miles de cosas más, igual que el tablón que acompaña este post (fotografía publicada por El País).

Así que sí, la transparencia también requiere un diseño determinado. Uno sencillo pero práctico, agradable pero sin rodeos, sin ruido que distraiga, y que en no más de tres ‘clics’ ofrezca a la ciudadanía lo que busca. En definitiva, sitios web cuyos caminos hasta la meta sean cortos y agradables paseos, y no laberintos donde nunca penetra el Sol.

Pero no solo de diseño vive la transparencia. Lean sino estas dos noticias referidas al portal de transparencia del Gobierno de Aragón: primera noticia y segunda noticia. Y es que la tecnología, la programación y el diseño son las tres patas que le faltan a la transparencia. Desafortunadamente, aún no hemos visto ni una administración que las tenga en cuenta. En DE PAR EN PAR ya estamos trabajando para demostrar que esto es posible. Porque no solo basta con asesorar sobre qué es transparencia, sino también sobre cómo ponerla en práctica a través de sitios web atractivos, accesibles, rápidos, cómodos y útiles.

Cláusulas Sociales

DE PAR EN PAR ELABORA LA NORMA DE CLÁUSULAS SOCIALES CON TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

El pasado 23 de febrero, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció en su intervención en el Pleno, que desde la Consejería de Políticas Sociales se está elaborando una normativa específica de cláusulas sociales de obligado cumplimiento para la contratación pública de la Comunidad Autónoma.

“Paralelamente -añadió- se están redactando los criterios de transparencia que se aplicarán a cada una de las cláusulas sociales que se van a incorporar a la mencionada Norma“.

Precisamente, éste es uno de los trabajos al que nos estamos dedicando con ilusión desde DE PAR EN PAR: la redacción de un proyecto de Norma de cláusulas sociales, que será objeto de trabajo conjunto con los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y que deberá estar aprobada para el mes de junio.

Además, existe una coordinación con el Instituto Canario de Administración Pública para impartir formación -en Tenerife y Gran Canaria-, sobre cláusulas sociales y transparencia. Y por último realizaremos la incorporación de los sistemas de transparencia, adaptaremos los pliegos de cláusulas administrativas y propondremos una modificación del perfil del contratante para adaptarlo a una máxima transparencia y a la inclusión de las cláusulas sociales.

Cláusulas Sociales

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

Cláusulas Sociales

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PARAÍSOS FISCALES

Este verano pasado en DE PAR EN PAR realizamos un trabajo de los que hacen ilusión: Oxfam-Intermón nos encargó buscar la vía legal para que el sector público no contrate con aquellas empresas que operan en paraísos fiscales. Se trata de un tema con largo recorrido de trabajo en diversos frentes, pero para el que no hallaba la fórmula jurídica precisa.

El razonamiento es fácil de entender, pues quienes eluden el pago de impuestos incurren en una manifiesta competencia desleal respecto a las empresas honestas (¿qué fue del principio de libre concurrencia?), socavan la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, se burlan de quienes sí lo hacemos, y por supuesto, practican una escandalosa falta de ética.

Por citar unos datos: 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales a través de 810 empresas fantasma, y Oxfam-Intermón cifra la evasión fiscal en 59.000 millones de euros anuales. Casi nada.

Sin embargo, lo que nos parece obvio no lo es en absoluto para la normativa de contratación pública, y nos costó -aunque lo logramos- encontrar un encaje jurídico adecuado. Así, el planteamiento propuesto combina medidas de transparencia (información fiscal de las empresas licitadoras) con la propia mecánica de licitación (prohibiciones para contratar y condiciones de ejecución).

Ahora proponemos su aplicación a las distintas Administraciones Públicas con las que estamos trabajando y nuestro deseo es que estas cláusulas vayan poniéndose encima de la mesa (de las mesas de contratación en concreto).

A raíz del informe, el pasado 9 de diciembre tuvimos el gusto de reunirnos y explicar las posibilidades aplicativas al grupo de personas que está promoviendo este tema en Navarra, con el liderazgo de Intermón. Su intención es proponer en el Parlamento una modificación de la Ley de Contratos Públicos de Navarra en este sentido. Para lo que quieran estaremos a su disposición.

Transparencia

Puede parecerlo, pero no.

Si parece un bar, y además hay un cartel que pone café-bar, será un bar ¿no?. Pues no. Al menos así se especifica en un trozo de papel: Esto no es un bar. Tal vez sea una sociedad privada, una peña del pueblo, un club social… pero no un local abierto al público en general. ¿Entonces por qué mantienen el cartel de café-bar? ¿Porque una vez lo fue y quieren conservarlo? Yo les aconsejaría que lo colgaran dentro y los sustituyeran por otro donde se especificará qué es ese sitio exactamente. Y ya está. Asunto concluido. Ni un parroquiano ajeno más entraría por esa puerta.

En la transparencia pasa algo parecido. Hoy todas las administraciones públicas deberían tener sus sitios web rebosando transparencia. Han tenido dos años de plazo para hacerlo. Dos años para ofrecer a la ciudadanía al menos lo mínimo que marca la Ley. Pero, desgraciadamente, muchos y muchas entrarán en los sitios web de sus ayuntamientos, gobiernos, diputaciones, cabildos, consejos insulares… y comprobarán que donde tenía que haber transparencia no hay nada, o casi nada.

Y es que una cosa es hablar de transparencia, y otra es ser realmente transparente. Las deficiencias que hoy encontramos en muchos portales web pone en evidencia que, a pesar de las ruedas o notas de prensa que hayan podido hacer para anunciar sus tímidos pasos hacia a transparencia, las administraciones públicas no tienen voluntad de respetar a su ciudadanía, de tratarla como a una igual.

Ahí va un ejemplo de incumplimiento. Veamos el portal web del Ayuntamiento de Aínsa y vayamos a lo más sencillo: el organigrama. Al respecto, la ley aragonesa establece que “cuando se trate de cargos retribuidos deberán hacer constar sus datos biográficos profesionales”. Sin embargo, cuando entramos en el organigrama de dicho ayuntamiento, no consta la trayectoria profesional de ningún cargo político.

Si ocurre esto en algo como la composición de un consistorio pequeño, nos podemos imaginar la información que habrá sobre temas más delicados, como la gestión del dinero público. Definitivamente, puede parecer que las administraciones públicas son más transparentes, pero no. Algunas ni siquiera se han molestado en lavarse la cara.

Transparencia

Una gran iniciativa

Entren en http://www.mapadelpoderencanarias.com y echen un vistazo. Merece la pena. Lo que verán es fruto del trabajo de fin de grado de Raúl Sánchez González cuando era estudiante de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Hoy en día es un proyecto periodístico cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía información sobre quién es quién en el Archipiélago, qué intereses unen a las personas que ejercen la política con los empresarios y las empresarias de las siete islas.

Por ejemplo, si un alcalde tiene un hijo trabajando en una empresa que recibe subvenciones del Gobierno de Canarias, cuya Presidencia está en manos del partido de dicho alcalde que, además, también es uno de los cargos directivos del partido. Un lío, ya. Pero este proyecto de investigación periodística trata precisamente de eso, de desenredar nudos y dejar al descubierto conexiones que permanecían ocultas a la sociedad.

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Da la cara y dime quién eres

El tiempo se echa encima y son muchas las entidades locales que deben darse prisa para tener sus portales de transparencia a punto antes del próximo 9 de diciembre (plazo marcado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su disposición final novena). Sin embargo, las prisas no son buenas, y menos aún si hacen que las administraciones públicas se copien unas a otras para acabar cuanto antes con ese trámite engorroso que, para algunas, supone la transparencia.

Comprobar la existencia de desidia en los portales de transparencia no es difícil. Basta con ‘navegar’ un poco por ellos para descubrir que muchos ni siquiera cumplen con los mínimos marcados por la legislación nacional. Un ejemplo es el al organigrama que ‘cuelgan’ algunas instituciones públicas, donde solo aparecen los nombres y apellidos de las personas con responsabilidad política y sus correos electrónicos, obviando así el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que obliga a publicar un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

Conocer a fondo la trayectoria profesional