LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PARAÍSOS FISCALES

Este verano pasado en DE PAR EN PAR realizamos un trabajo de los que hacen ilusión: Oxfam-Intermón nos encargó buscar la vía legal para que el sector público no contrate con aquellas empresas que operan en paraísos fiscales. Se trata de un tema con largo recorrido de trabajo en diversos frentes, pero para el que no hallaba la fórmula jurídica precisa.

El razonamiento esInforme Oxfam Intermón fácil de entender, pues quienes eluden el pago de impuestos incurren en una manifiesta competencia desleal respecto a las empresas honestas (¿qué fue del principio de libre concurrencia?), socavan la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, se burlan de quienes sí lo hacemos, y por supuesto, practican una escandalosa falta de ética.

Por citar unos datos: 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales a través de 810 empresas fantasma, y Oxfam-Intermón cifra la evasión fiscal en 59.000 millones de euros anualPF-y-El-Roto3es. Casi nada.

Sin embargo, lo que nos parece obvio no lo es en absoluto para la normativa de contratación pública, y nos costó -aunque lo logramos- encontrar un encaje jurídico adecuado. Así, el planteamiento propuesto combina medidas de transparencia (información fiscal de las empresas licitadoras) con la propia mecánica de licitación (prohibiciones para contratar y condiciones de ejecución).

Ahora proponemos su aplicación a las distintas Administraciones Públicas con las que estamos trabajando y nuestro deseo es que estas cláusulas vayan poniéndose encima de la mesa (de las mesas de contratación en concreto).
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A raíz del informe, el pasado 9 de diciembre tuvimos el gusto de reunirnos y explicar las posibilidades aplicativas al grupo de personas que está promoviendo este tema en Navarra, con el liderazgo de Intermón. Su intención es proponer en el Parlamento una modificación de la Ley de Contratos Públicos de Navarra en este sentido. Para lo que quieran estaremos a su disposición.

 

Puede parecerlo, pero no.

Si parece un bar, y además hay un cartel que pone café-bar, será un bar ¿no?. Pues no. Al menos así se especifica en un trozo de papel: Esto no es un bar. Tal vez sea una sociedad privada, una peña del pueblo, un club social… pero no un local abierto al público en general. ¿Entonces por qué mantienen el cartel de café-bar? ¿Porque una vez lo fue y quieren conservarlo? Yo les aconsejaría que lo colgaran dentro y los sustituyeran por otro donde se especificará qué es ese sitio exactamente. Y ya está. Asunto concluido. Ni un parroquiano ajeno más entraría por esa puerta.

En la transparencia pasa algo parecido. Hoy todas las administraciones públicas deberían tener sus sitios web rebosando transparencia. Han tenido dos años de plazo para hacerlo. Dos años para ofrecer a la ciudadanía al menos lo mínimo que marca la Ley. Pero, desgraciadamente, muchos y muchas entrarán en los sitios web de sus ayuntamientos, gobiernos, diputaciones, cabildos, consejos insulares… y comprobarán que donde tenía que haber transparencia no hay nada, o casi nada.

Y es que una cosa es hablar de transparencia, y otra es ser realmente transparente. Las deficiencias que hoy encontramos en muchos portales web pone en evidencia que, a pesar de las ruedas o notas de prensa que hayan podido hacer para anunciar sus tímidos pasos hacia a transparencia, las administraciones públicas no tienen voluntad de respetar a su ciudadanía, de tratarla como a una igual.

Ahí va un ejemplo de incumplimiento. Veamos el portal web del Ayuntamiento de Aínsa y vayamos a lo más sencillo: el organigrama. Al respecto, la ley aragonesa establece que “cuando se trate de cargos retribuidos deberán hacer constar sus datos biográficos profesionales”. Sin embargo, cuando entramos en el organigrama de dicho ayuntamiento, no consta la trayectoria profesional de ningún cargo político.

Si ocurre esto en algo como la composición de un consistorio pequeño, nos podemos imaginar la información que habrá sobre temas más delicados, como la gestión del dinero público. Definitivamente, puede parecer que las administraciones públicas son más transparentes, pero no. Algunas ni siquiera se han molestado en lavarse la cara.

 

 

Una gran iniciativa

Entren en http://www.mapadelpoderencanarias.com y echen un vistazo. Merece la pena. Lo que verán es fruto del trabajo de fin de grado de Raúl Sánchez González cuando era estudiante de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Hoy en día es un proyecto periodístico cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía información sobre quién es quién en el Archipiélago, qué intereses unen a las personas que ejercen la política con los empresarios y las empresarias de las siete islas.

Por ejemplo, si un alcalde tiene un hijo trabajando en una empresa que recibe subvenciones del Gobierno de Canarias, cuya Presidencia está en manos del partido de dicho alcalde que, además, también es uno de los cargos directivos del partido. Un lío, ya. Pero este proyecto de investigación periodística trata precisamente de eso, de desenredar nudos y dejar al descubierto conexiones que permanecían ocultas a la sociedad.

 

 

Da la cara y dime quién eres

El tiempo se echa encima y son muchas las entidades locales que deben darse prisa para tener sus portales de transparencia a punto antes del próximo 9 de diciembre (plazo marcado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su disposición final novena). Sin embargo, las prisas no son buenas, y menos aún si hacen que las administraciones públicas se copien unas a otras para acabar cuanto antes con ese trámite engorroso que, para algunas, supone la transparencia.

Comprobar la existencia de desidia en los portales de transparencia no es difícil. Basta con ‘navegar’ un poco por ellos para descubrir que muchos ni siquiera cumplen con los mínimos marcados por la legislación nacional. Un ejemplo es el al organigrama que ‘cuelgan’ algunas instituciones públicas, donde solo aparecen los nombres y apellidos de las personas con responsabilidad política y sus correos electrónicos, obviando así el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que obliga a publicar un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

Conocer a fondo la trayectoria profesional