Los tentáculos del ladrillo (y III)

Los tentáculos corruptos del Urbanismo son alargados y trabajan de muy diferentes maneras. Por ejemplo, llenando de dinero los bolsillos de políticos, funcionarios, especuladores, y gente a la que hay que callar; manejando a su antojo las leyes; aprovechándose de la lentitud de la justicia; amenazando y chantajeando; quitando importancia a los delitos y las malas prácticas con el aval de la impunidad social y electoral; y, por supuesto, evitando la transparencia. Y es que, como dice Alejandro Nieto en Balada de la Ley y la Justicia: “Lo que aquí sucede es que detrás de la fachada del Derecho urbanístico vive y triunfa un gigantesco negocio urbanístico”.

Precisamente en este libro Nieto analiza varios casos de corrupción urbanística, entre los que destaca el que comenzó en los años 90 en Sant Cugat del Vallés (provincia de Barcelona) para facilitar a la farmacéutica alemana BIESA su instalación en el municipio. Con el fin de favorecerla, el ayuntamiento realizó una reparcelación a su medida cometiendo ilegalidades e incluyendo una permuta sospechosamente irregular para dar a BIESA “a precio de saldo” el terreno que necesitaba para construir sus laboratorios.

Todo lo que hizo el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés fue en connivencia con la Generalitat. Y a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló por dos veces cuanto hicieron estas dos instituciones públicas, ninguna rectificó. Las obras empezaron, terminaron y, para más descaro, los laboratorios fueron inaugurados por los reyes de España. “La impunidad es el mejor caldo de cultivo para la ilegalidad y la corrupción. Si el alcalde (de Sant Cugat del Vallés) ha visto cómo sus abusos no sólo eran censurados sino que eran respaldados por autoridades superiores, es explicable que no sintiera el más mínimo interés por rectificar”, dice Nieto en su libro.

En este caso de BIESA trabajaron, en mayor o menor medida, todos los tentáculos enunciados al principio, siendo uno de los más avispados el que se aprovechó de la lentitud de la justicia.

La corrupción en el urbanismo es el pan de cada día, y cada vez salen más casos a la luz, todos ellos tan complejos y opacos que son verdaderas tramas criminales. Pero, a pesar de esto, la transparencia sigue siendo la asignatura pendiente en los procesos urbanísticos, aun siendo cada vez más necesaria. Porque como dice Nieto: “El ayuntamiento provoca opacidad y con ella el desconcierto del ciudadano, al que coloca en una penosa situación de ignorancia y, por ende, de inferioridad”. Y sigue: “El ayuntamiento puede delimitar un polígono grande o pequeño, mas tiene que explicar por qué lo hace. El ayuntamiento puede incluir o excluir una determinada finca, pero ha de exponer las razones de su decisión. El ayuntamiento puede adjudicar todo el suelo industrial a un solo propietario, pero ha de justificar por qué lo ha hecho”.

 

 

Por un urbanismo sano (II)

La elaboración de instrumentos de planificación urbanística, así como sus modificaciones, tendrían que pasar por un proceso en el que cada paso significativo hacia su aprobación fuera transparente y se publicara con la máxima claridad posible en los sitios web de las administraciones públicas.

Aunque puede resultar engorroso para un ayuntamiento tener que pensar a conciencia cómo organizar en internet la publicación de las cuestiones relativas al urbanismo, lo cierto es que eso no debería ser una excusa, ya que se trata de una de las tareas pendientes más importantes en transparencia que hay en este país.

Las razones por las que los grupos políticos con responsabilidad de gobierno no se ponen manos a la obra son varias. Entre ellas, claro está, destaca la más obvia: algunos tienen mucho que esconder, corrupciones que ocultar, malas prácticas que enterrar. Pero también los hay que, aun queriendo ser totalmente honestos en materia urbanística, no creen que sea prioritario publicar los procesos, ya que ¿quién va a entrar a las página web para ‘tragarse’ documentos urbanísticos? ¿Acaso el urbanismo les va a proporcionar ‘visitas masivas’ de personas ávidas por saber? Por lo tanto, ¿para qué invertir esfuerzo en cambiar las cosas?

A los responsables políticos que piensen así habría que recordarles que no son cadenas de televisión buscando productos basura que les den audiencia. Son trabajadores por cuenta ajena que deben rendir cuentas a la ciudadanía que les paga su sueldo, y ofrecer una detallada información de sus actividades, sobre todo las que son de interés general, facilitando lo máximo posible el acceso a ella. Simplemente, deben hacerlo.

Está claro que organizar qué información urbanística se tiene que publicar en internet, cómo atender con calidad las dudas de la ciudadanía, qué procesos participativos abrir, y cómo mantener actualizada la información son asuntos complicados y es probable que, por mucho que se trabaje en ello, no se llegue a la perfección. Pero son labores urgentes que hay que acometer de una vez por todas desde los ayuntamientos. Solo así podremos disfrutar de un urbanismo más sano.

 

 

La mala cara del cemento (I)

Que el urbanismo es nido permanente de la corrupción pública y las malas prácticas no lo duda nadie a estas alturas. Las modificaciones de los planeamientos, las recalificaciones del suelo, la concesión de licencias, los convenios urbanísticos… son tentaciones demasiado suculentas como para aprovecharse de ellas en beneficio propio. Sobre todo porque tienen cómplices extremadamente poderosos: leyes engorrosas y laberínticas, justicia lenta y permisiva, instituciones públicas que no cumplen sentencias.

El cemento tiene muchas malas caras, sí, y entre ellas la firma de convenios convenientemente consensuados entre las administraciones públicas y los promotores para repartir beneficios ilícitos. Por este motivo, hoy destacamos la enorme barrera a la que se enfrenta la sociedad para participar en el proceso de la formalización de convenios.

Para empezar, vamos a recordar que ya el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que la ciudadanía tiene derecho a “participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate”.

Sin embargo, para que la sociedad pueda ejercer este derecho tiene que conocer, a priori, todos los datos relacionados. Desgraciadamente, la Ley de Transparencia no establece la obligatoriedad de publicarlos antes de su aprobación. Tan solo en su artículo 8 determina que se deben publicar los convenios suscritos (aquí no nombra convenios urbanísticos, sino convenios en general), con las partes firmantes, el objeto, el plazo de duración, las modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y las obligaciones convenidas. Es decir, se pueden publicar los convenios a toro pasado y solo con unos pocos datos.

En definitiva, la transparencia, sin ser la varita mágica que todo lo puede, debe aplicarse igualmente en los convenios urbanísticos, abriendo la participación ciudadana de par en par, demostrando así que no hay nada que esconder.

 

 

 

 

 

Que se haga la luz

‘El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas’ elaborado por KPMG revela que el 62% de las personas con responsabilidad pública encuestadas asegura que sus respectivas administraciones tienen mecanismos para prevenir y detectar comportamientos corruptos. Unas dicen que en sus administraciones hay órganos de control interno, otras aseguran que lo que tienen son códigos de buena conducta o de buen gobierno, y el tercer grupo indica que con lo que cuentan es con el compromiso de sus jefes y jefas contra el fraude en la gestión de lo público. (VER NOTICIA AQUÍ)

Desgraciadamente, ni los códigos de buena conducta, ni los órganos internos, ni mucho menos los compromisos políticos son garantías. Más bien son algo así como las maravillosas intenciones de Año Nuevo: que si vamos a ir al gimnasio todas las semanas, que si esta vez sí que nos vamos a poner serios y serias con la dieta, que de mañana no pasa que nos apuntemos a un curso de inglés… En definitiva, que los planes contra la corrupción quedan muy bien sobre papel para presentarlos en rueda de prensa a los medios de comunicación, pero otra cosa es cumplirlos.

Así que menos hablar y más hacer. Para acabar con las malas prácticas políticas y funcionariales (sin meter en el mismo saco, claro está, a todas las personas políticas y funcionarias) no hay nada como encender la luz y colgar el cartel de ‘Pasen y vean’. En la misma noticia sobre la encuesta hecha por KPMG se menciona a Norberto Bobbio y su idea de que la democracia es la gestión de lo público, en público. Y en DE PAR EN PAR no podemos estar más de acuerdo. Las administraciones públicas deben ejercer sus funciones en una caja de cristal con buena iluminación (es decir, en sus sitios web), y apostar por una transparencia en su gestión que acabe con las sospechas y los rincones en sombras. Eso sí que sería un mecanismo de control real y una señal de respeto a la ciudadanía. Lo demás, papel mojado.