CONTRATOS RESERVADOS Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

LOS CONTRATOS RESERVADOS SON LA MEJOR FÓRMULA PARA PROMOVER EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este titular resulta indiscutible ya que los Centros Especiales de Empleo firman tres de cuatro contratos realizados en España a personas por discapacidad.

Así se puso de manifiesta en la Jornada organizada el 7 de octubre por AEDIS y Plena inclusión Castilla y León, bajo el título “Los contratos reservados y las cláusulas sociales en la contratación pública”. Contamos con la asistencia de más de 90 personas de entidades del sector de la discapacidad y representantes de las administraciones públicas. Ver nota de prensa.

Santiago Lesmes, en nombre de DE PAR EN PAR realizó la ponencia marco, y expuso las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratos reservados, así como otras posibilidades que ofrece la normativa para favorecer el empleo de las personas con discapacidad y facilitar la contratación de los Centros Especiales de Empleo, como los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, los lotes o las consultas preliminares.

Además presentamos la publicación realizada expresamente para AEDIS que lleva el título de “ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS RESERVADOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO”, descargable aquí.

NUEVA WEB DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Os presentamos uno de nuestros últimos trabajos: www.contratacionpublicaresponsable.org

Desde DE PAR EN PAR hemos elaborado de manera íntegra y exclusiva todos los contenidos. Y la elegancia del diseño es mérito de CODEK STUDIO.

Su objetivo no es otro que el de facilitar la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales. Y para este encargo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria ideamos un sistema intuitivo y comprensible de “Cortar, Pegar y Adaptar” la cláusula más adecuada, siempre por supuesto con plenas garantías jurídicas y prácticas.

Estamos muy satisfechas con el resultado y consideramos que se trata de una herramienta que hacía falta: un compendio de cláusulas, de legislación, de instrucciones y acuerdos, de noticias, de guías y de enlaces sobre contratación pública responsable.WELL

Esperamos que puedan aprovecharla el mayor número posible de entidades sociales y administraciones públicas. Nuestro único enriquecimiento en derechos de autor (y el más satisfactorio) será el que puedan facilitar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

LAS CCAA SE PONEN LAS PILAS CON LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Hasta la fecha, las iniciativas sobre cláusulas sociales que abordaban su inclusión en la contratación pública con carácter preceptivo, habían tenido su origen en administraciones públicas de ámbito municipal (Avilés, Castellón, Barcelona, Madrid, Donostia, Vitoria, Sevilla, Valencia, etcétera).

Dicha afirmación pudiera ser matizada por los casos del País Vasco (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2008), Navarra (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos), Aragón (Ley 3/2011, de 24 de febrero), o Castilla y León (Acuerdo 59/2012, de 26 de julio). Pero en todos estos casos, se trata de acuerdos o normativas parciales o insuficientes, en algún caso meramente voluntariosa, o incluso inaplicada.

Por lo tanto, parecía que las Comunidades Autónomas seguían viendo las cláusulas sociales desde la mirilla y sin que existiera una voluntad firme y decidida por abrir la puerta y dejar pasar a la Contratación Pública Socialmente Responsable con carácter general y reglado.

Pero por fortuna este panorama ha cambiado. Baleares ha sido la primera y en DE PAR EN PAR estamos muy orgullosos de haber participado intensamente en ese proceso, de haber prestado nuestra experiencia y colaboración, y sobre todo del resultado. Así, el pasado 28 de abril, se aprobó el Acuerdo de Cláusulas Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, siendo presentado por la presidenta Francina Armengol, junto a los consellers de Asuntos Sociales y Empleo, Fina Santiago y Yago Negueruela. Ver noticia Diario de Mallorca.

Además, en DE PAR EN PAR, estamos también trabajando y prestando nuestra asistencia técnica al Gobierno de Canarias para la elaboración de una norma de cláusulas sociales que deberá aplicarse en los contratos públicos de la administración autonómica. La apuesta política es muy clara y así lo ha manifestado la propia Vicepresidenta del Gobierno Patricia Hernández. Ver noticia El Día. Hemos comenzado con acciones de formación para más de un centenar de personas y ahora debemos coordinar y dirigir un trabajo transversal entre diferentes áreas, con el objetivo puesto en la mejor de las normas posibles: con plenas garantías jurídicas y con el máximo alcance social.

Sin duda, cabe celebrar que las Comunidades Autónomas se sumen a las cláusulas sociales – al igual que Diputaciones, Consells y Cabildos insulares-, no solo por su importancia cuantitativa, sino por el efecto tractor y referencial que ejercen sobre los municipios de sus respectivos territorios. Y es que, sumar nos gusta, pero multiplicar nos encanta (1+1=3).

Que se haga la luz

‘El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas’ elaborado por KPMG revela que el 62% de las personas con responsabilidad pública encuestadas asegura que sus respectivas administraciones tienen mecanismos para prevenir y detectar comportamientos corruptos. Unas dicen que en sus administraciones hay órganos de control interno, otras aseguran que lo que tienen son códigos de buena conducta o de buen gobierno, y el tercer grupo indica que con lo que cuentan es con el compromiso de sus jefes y jefas contra el fraude en la gestión de lo público. (VER NOTICIA AQUÍ)

Desgraciadamente, ni los códigos de buena conducta, ni los órganos internos, ni mucho menos los compromisos políticos son garantías. Más bien son algo así como las maravillosas intenciones de Año Nuevo: que si vamos a ir al gimnasio todas las semanas, que si esta vez sí que nos vamos a poner serios y serias con la dieta, que de mañana no pasa que nos apuntemos a un curso de inglés… En definitiva, que los planes contra la corrupción quedan muy bien sobre papel para presentarlos en rueda de prensa a los medios de comunicación, pero otra cosa es cumplirlos.

Así que menos hablar y más hacer. Para acabar con las malas prácticas políticas y funcionariales (sin meter en el mismo saco, claro está, a todas las personas políticas y funcionarias) no hay nada como encender la luz y colgar el cartel de ‘Pasen y vean’. En la misma noticia sobre la encuesta hecha por KPMG se menciona a Norberto Bobbio y su idea de que la democracia es la gestión de lo público, en público. Y en DE PAR EN PAR no podemos estar más de acuerdo. Las administraciones públicas deben ejercer sus funciones en una caja de cristal con buena iluminación (es decir, en sus sitios web), y apostar por una transparencia en su gestión que acabe con las sospechas y los rincones en sombras. Eso sí que sería un mecanismo de control real y una señal de respeto a la ciudadanía. Lo demás, papel mojado.

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

 

 

 

POR FIN MADRID DANDO EJEMPLO

Fotografía: Amanecer en Madrid. De Alberto Triano.

Se trata de una excelente noticia que el primer y mayor ayuntamiento de España se ponga por fin al frente de la implantación de cláusulas sociales y lo haga de forma decidida.

El equipo de DE PAR EN PAR llevamos más de diez años asesorando e implantando cláusulas sociales en más de veinte administraciones públicas y nunca en este tiempo hemos leído una noticia relevante o conocido una experiencia interesante que provenga de la capital madrileña.

Celebramos la dicha aunque sea tarde y también que hayamos sido invitados a impartir una conferencia sobre cláusulas sociales el día 7 de octubre de 2015. Esta jornada sobre contratación pública responsable, se dirige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y participarán los concejales Guillermo Zapata Romero y Carlos Sánchez Mato (Delegado de Economía y Hacienda). Del mismo modo impartiremos un taller sobre cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres el día 22 de octubre. Esperamos que sea el inicio de una bonita colaboración…

Retomando el anuncio del Gobierno municipal, valoramos de forma muy positiva el Decreto de 23 de septiembre de 2015 que deroga uno anterior sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación y cuyo fin en palabras de la Alcaldesa Manuela Carmena “es conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad,estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha expresado: “esto significa que vamos a apreciar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.

Enlaces:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/23/madrid/1443002557_543498.html

http://diarioresponsable.com/empresas/noticias/22085-rse-llega-la-contratacion-publica-responsable-a-madrid.html

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: ¿A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA?

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció el pasado 17 de septiembre la “aprobación de un nuevo modelo de contratación pública que introduzca cláusulas sociales, y que partiendo de la responsabilidad social de la administración alcance a las empresas contratistas, con un objetivo claro: primar la rentabilidad social antes que la económica”. 

En el modelo que esbozó se apuesta activar a las empresas de inserción social y fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión, y afirmó que la Delegación de Empleo está trabajando en la redacción un pliego de cláusulas sociales y administrativas.

Este anuncio nos sirve para recordar que Sevilla fue pionera en este ámbito, aprobando en abril de 2007 un “Pliego de Cláusulas Administrativas de Calidad Social”, que era de inclusión obligatoria en todos sus contratos… y que nunca se aplicó.

No es el único caso, y así DEPARENPAR trabajó en su día en el Acuerdo del Gobierno Vasco de 2008 sobre cláusulas sociales que nunca se ha puesto en práctica, al igual que las instrucciones de los Ayuntamientos de Jaén o Irún que padecieron el mismo recorrido: no pasar de las palabras (el texto legal) a los hechos (los pliegos y los resultados). En efecto, no basta con redactar y aprobar una norma sobre cláusulas sociales sino que se requiere el impulso político e involucrar al personal técnico para convertir a la contratación socialmente responsable en parte de la gestión pública.

Aprendamos las lecciones, y si es preciso cambiemos el plan o la estrategia, pero no la meta.