CRITERIOS ÉTICOS Y SOCIALES EN CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

En DE PAR EN PAR llevamos más de quince años abordando la inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública. Por lo general la inserción laboral de personas con discapacidad o en situación de exclusión social, la perspectiva de género, la calidad en el empleo, o los contratos reservados para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo.

De forma casi exclusiva, la incorporación de cláusulas éticas y sociales la abordamos en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en su estricto ámbito objetivo. Sin embargo existen una diversidad de negocios administrativos y contratos excluidos del marco de la LCSP17, en los que resultaría necesario y coherente la inclusión de aspectos de responsabilidad social y medioambiental. Por ejemplo: la contratación de servicios financieros o líneas de crédito, las concesiones sobre bienes de dominio público, los contratos de explotación de bienes patrimoniales, o los contratos de compraventa que se rigen por el derecho privado.

En esta entrada, nos vamos a centrar en la contratación de operaciones de préstamo y de crédito, en los depósitos bancarios para excedentes de tesorería, así como en los servicios financieros en general, negocios jurídicos excluidos de la aplicación de la LCSP17. Absolutamente todas las Administraciones Públicas de nuestro país contratan estos servicios pero la exigencia o la valoración de criterios éticos, sociales y medioambientales es completamente ajena a los mismos.

Huelga abundar sobre el impacto social y económico del sector bancario, las connotaciones de la crisis financiera y la necesidad de aportar por una banca ética, solidaria y con valores. Vamos, que no me tiren de la lengua.

Por lo tanto, partimos de la base de que se trata de un negocio jurídico excluido, pero que el procedimiento de preparación y adjudicación del contrato deberá regirse por los principios de solvencia, publicidad, concurrencia y transparencia, y que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, posee carácter subsidiario e interpretativo.

El hecho de hallarse el contrato excluido de la LCSP17, implica un marco regulador más flexible en la preparación y adjudicación de los contratos, pero incluso conforme a la misma resultarían completamente legales las cláusulas sociales, medioambientales, y de responsabilidad social y fiscal que ahora detallaremos.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Se propone la inclusión de la siguiente condición especial de ejecución del contrato:

CLÁUSULA SOBRE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA FISCAL.

  1. La empresa adjudicataria se deberá comprometer a evitar la evasión y la elusión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del presente contrato.
  2. En cumplimiento de la presente condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria deberá presentar una declaración responsable en la que:
  3. a) Manifieste el compromiso de incorporar la totalidad de las rentas derivadas del contrato en sus declaraciones de IRPF, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes o del Impuesto sobre Sociedades, según el caso.
  4. b) Manifieste que la empresa no destina, por sí misma o mediante entidades vinculadas (en los términos del artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades), las rentas derivadas del presente contrato a la realización de operaciones en paraísos fiscales con la finalidad de obtener un ahorro fiscal (de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal). O de forma alternativa, que la empresa acredite que su operativa en un territorio calificado como paraíso fiscal responde a motivos económicos válidos distintos del ahorro fiscal.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Se propone la inclusión de los siguientes criterios de adjudicación del contrato:

CLÁUSULA ANTI-DESAHUCIOS.

Se otorgarán 10 puntos a las empresas que se comprometan durante toda la ejecución del contrato y mediante declaración responsable a descartar las ejecuciones hipotecarias de primera vivienda en caso de deudores de buena fe o bien, o si no fuera posible aseguren una alternativa habitacional a precio asequible para un mínimo de cinco años.

PERTENENCIA A UNA ASOCIACIÓN DE BANCA ÉTICA.

Se otorgarán 10 puntos a las empresas que en su propuesta técnica acrediten pertenecer a la Federación Europea Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA) o a “The Global Alliance for Banking on Values” (GABV), o a otra federación o asociación de banca ética o de banca responsable de carácter equivalente, o bien acrediten por cualquier medio de prueba admitido en derecho cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos para pertenecer a cualquiera de dichas asociaciones o a cualquier otra de carácter equivalente.

CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Se otorgarán 10 puntos a las empresas que en su propuesta técnica manifiesten disponer y poner a disposición de la ejecución del contrato una certificación en materia de Responsabilidad Social de las Empresas. Se considerarán certificaciones válidas a los efectos señalados las siguientes: ICEA, SGE 21, SA 8000, DS 49001, TCO, o cualesquiera otras de carácter equivalente, pudiéndose también acreditar por cualquier medio de prueba o a través de auditoría externa, que la empresa cumple todos los requisitos exigidos para la obtención de dichas certificaciones.

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Se otorgarán hasta 10 puntos a las empresas que en su propuesta técnica manifiesten aplicar en su gestión y organización políticas de responsabilidad social empresarial. A tal efecto se otorgará 1 punto, por cada uno de los siguientes subcriterios:

  1. El cumplimiento estricto del convenio sectorial aplicable a toda la plantilla: 1 punto.
  2. La contratación de personas desfavorecidas del mercado laboral, en particular personas con discapacidad, personas en situación o riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género: 1 punto.
  3. La acreditación de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo, y/o Empresas de Inserción Sociolaboral: 1 punto.
  4. Por la acreditación de que el porcentaje de plantilla indefinida en la empresa es de al menos el 70% del total: 1 punto.
  5. Por la acreditación de que la plantilla de la empresa está compuesta al menos por un 50% de mujeres: 1 punto.
  6. Por la acreditación de que los órganos directivos o Junta de Administración de la empresa licitadora está compuesta al menos por un 50% de mujeres: 1 punto.
  7. Por la acreditación de poseer y aplicar a toda la plantilla un Plan de Igualdad: 1 punto.
  8. Por el compromiso de que durante la ejecución del contrato se realizarán acciones de información o sensibilización social relativas a finanzas éticas, o aspectos éticos y responsables de los productos financieros: 1 punto.
  9. Por la acreditación de reinvertir los beneficios conforme a la finalidad social de la empresa, o en caso de distribución se realice con criterios de participación. 1 punto.
  10. Por la acreditación de poseer y aplicar protocolos o sistemas de gestión medioambiental en la organización y gestión de la empresa: 1 punto.

 

 

PUBLICADA NUESTRA GUÍA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y ECONOMÍA SOCIAL

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, era imprescindible actualizar los contenidos y posibilidades en materia de Contratación Pública Responsable, pues el cambio normativo ha sido de profundo calado.

Fue la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) quien nos encargó elaborar una exhaustiva guía, que ha sido redactada en su integridad por DE PAR EN PAR, y  que acaba de ser publicada con el título de ‘Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de Economía Social’.

Siguiendo nuestro estilo posee un enfoque práctico y directo, incluye un análisis integral de las posibilidades que brinda el nuevo marco jurídico, resuelve las dudas más habituales en las licitaciones, incorpora modelos de cláusulas susceptibles de ser incorporadas en los pliegos, y acompaña cada cláusula con su correspondiente sistema para su verificación, de manera que contribuya lograr la correcta ejecución de los contratos públicos.

La Guía es gratuita y puede descargarse en el siguiente enlace: www.cepes.es/files/publicaciones/106.pdf

Su objetivo es la búsqueda del beneficio social, la responsabilidad social, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Y para lograrlo hemos utilizado un doble enfoque:

  1. Por un lado extender el conocimiento y la aplicación de la Compra Pública Responsable a las Administraciones Públicas, facilitando al máximo el trabajo a las personas responsables de la redacción de los pliegos y de la comprobación de la correcta ejecución de los contratos públicos.
  2. Por el otro formar y empoderar a las empresas y entidades de Economía Social, y de economía solidaria y no lucrativa, así como a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción, de forma que puedan promover y proponer las cláusulas más apropiadas en sus respectivas administraciones y favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas responsables y con un valor social añadido.

En suma, a lo largo de sus 114 páginas, se facilita la materialización del deber contenido en el primer artículo de la Ley de Contratos: “En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales…”.

Esperemos que os resulte útil.

1, 2, 3, 4…y hasta 27.

Hoy entra en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Es decir, que es una ley de las importantes, de esas que según se redacten pueden ser, o no, decisivas en la lucha contra la corrupción en este país. Y, como siempre decimos, qué mejor manera de ponérselo difícil a las personas que malversan dinero público que exigiendo transparencia en los contratos que adjudican las administraciones españolas. Pero transparencia a lo grande, sin miedo, sin quedarse a medio camino ni hacer demagogia con ella para engatusar al personal. Así que la pregunta es ¿hay transparencia a lo grande en esta norma?.

Bueno, para empezar, la nueva ley que estrenamos asegura que su primer objetivo es lograr una mayor transparencia en la contratación pública. Y aunque esta prioridad parece una buena noticia, lo cierto es que solo habla de “una mayor transparencia”, lo que significa que no ofrece toda la que podría. Y así es. En la mayoría de los artículos donde aparece la palabra transparencia, solo adquiere el papel de coletilla, tic, o estribillo, sin más.

Las palabras transparencia,transparentes y transparente aparecen en la nueva ley un total de 27 veces. Pocas, para una norma de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, y 16 disposiciones finales; pero esto es lo que pasa cuando se habla de cualquier cosa en términos generales, sin concretar ni tomarse lo suficientemente en serio la transparencia. Un ejemplo es el artículo 64, donde se dice que los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el procedimiento. ¿Y qué pasa si el ayuntamiento de turno no lo hace?. O ¿qué ocurre si no se cumple con el artículo 210 en materia medioambiental, social o laboral? Pues no pasa nada. Y así con otros artículos.

Poco a poco iremos analizando la nueva ley de contratación pública para ver qué nivel exacto de transparencia hay en los artículos más relevantes. Pero, como ya se ha publicado en varias ocasiones desde que el Congreso de los Diputados aprobara esta norma el pasado mes de noviembre, la ley no apuesta por la transparencia en mayúsculas.

 

 

 

 

¿Y TÚ, DISEÑAS O EVALÚAS?

En los 80 para ligar se puso de moda la mítica frase de “¿Estudias o trabajas”, que conoció su variante de “¿Estudias o diseñas?”.

Algo parecido debiéramos preguntarnos al abordar la contratación pública responsable, pues para ligar efectividad y cláusulas sociales no es suficiente con diseñar sino que resulta imprescindible verificar su efectivo cumplimiento y evaluar los resultados obtenidos.

Con la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se han zanjado ya los debates y disquisiciones jurídicas sobre la legalidad o ilegalidad de las cláusulas sociales: son plenamente legales y no debemos perder más tiempo en ello. Sin embargo queda mucho camino:

  1. Debemos seleccionar  y redactar unas cláusulas sociales proporcionales y adaptadas al objeto del contrato, al sector de actividad, al número y cualificación de trabajadores y trabajadoras necesarias para la prestación, al presupuesto y el plazo, y al propio tejido económico del territorio.
  2. Una vez incorporada la cláusula es imprescindible que los propios pliegos señalen quién, cuándo y cómo se va a verificar el efectivo cumplimiento de los criterios de adjudicación o las condiciones especiales de ejecución de tipo social que hayamos señalado.
  3. Y por último, debemos computar, medir resultados, conocer el impacto, saber cuáles son los efectos y beneficios que la contratación pública nos está proporcionando en parámetros sociales y medioambientales.

Hoy hemos abordado todas estas cuestiones en un taller celebrado para sesenta personas del ámbito de la contratación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, una administración comprometida con la compra pública responsable. Los retos son dotarse de un documento homogéneo que establezca los indicadores y verificadores para cada una de las cláusulas, que facilite sobremanera el trabajo a los órganos de contratación y que suponga un aviso importante para las empresas licitadoras, sabedoras de que deberán aportar determinada documentación para cada criterio, y que se verificará el efectivo cumplimiento de las mismas.

Para DE PAR EN PAR la redacción de pliegos, acuerdos o instrucciones con criterios de compra pública responsable constituye nuestro objetivo, pero nos parece imprescindible acompañarlo siempre de instrumentos de control, verificación y evaluación. En ello estamos. Avancemos.

https://www.20minutos.es/noticia/3273215/0/cort-forma-sus-empleados-para-aplicacion-nueva-ley-contratos/

 

CONTRATOS RESERVADOS Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

LOS CONTRATOS RESERVADOS SON LA MEJOR FÓRMULA PARA PROMOVER EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este titular resulta indiscutible ya que los Centros Especiales de Empleo firman tres de cuatro contratos realizados en España a personas por discapacidad.

Así se puso de manifiesta en la Jornada organizada el 7 de octubre por AEDIS y Plena inclusión Castilla y León, bajo el título “Los contratos reservados y las cláusulas sociales en la contratación pública”. Contamos con la asistencia de más de 90 personas de entidades del sector de la discapacidad y representantes de las administraciones públicas. Ver nota de prensa.

Santiago Lesmes, en nombre de DE PAR EN PAR realizó la ponencia marco, y expuso las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratos reservados, así como otras posibilidades que ofrece la normativa para favorecer el empleo de las personas con discapacidad y facilitar la contratación de los Centros Especiales de Empleo, como los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, los lotes o las consultas preliminares.

Además presentamos la publicación realizada expresamente para AEDIS que lleva el título de “ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS RESERVADOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO”, descargable aquí.

NUEVA WEB DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Os presentamos uno de nuestros últimos trabajos: www.contratacionpublicaresponsable.org

Desde DE PAR EN PAR hemos elaborado de manera íntegra y exclusiva todos los contenidos. Y la elegancia del diseño es mérito de CODEK STUDIO.

Su objetivo no es otro que el de facilitar la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales. Y para este encargo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria ideamos un sistema intuitivo y comprensible de “Cortar, Pegar y Adaptar” la cláusula más adecuada, siempre por supuesto con plenas garantías jurídicas y prácticas.

Estamos muy satisfechas con el resultado y consideramos que se trata de una herramienta que hacía falta: un compendio de cláusulas, de legislación, de instrucciones y acuerdos, de noticias, de guías y de enlaces sobre contratación pública responsable.WELL

Esperamos que puedan aprovecharla el mayor número posible de entidades sociales y administraciones públicas. Nuestro único enriquecimiento en derechos de autor (y el más satisfactorio) será el que puedan facilitar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

LAS CCAA SE PONEN LAS PILAS CON LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Hasta la fecha, las iniciativas sobre cláusulas sociales que abordaban su inclusión en la contratación pública con carácter preceptivo, habían tenido su origen en administraciones públicas de ámbito municipal (Avilés, Castellón, Barcelona, Madrid, Donostia, Vitoria, Sevilla, Valencia, etcétera).

Dicha afirmación pudiera ser matizada por los casos del País Vasco (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2008), Navarra (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos), Aragón (Ley 3/2011, de 24 de febrero), o Castilla y León (Acuerdo 59/2012, de 26 de julio). Pero en todos estos casos, se trata de acuerdos o normativas parciales o insuficientes, en algún caso meramente voluntariosa, o incluso inaplicada.

Por lo tanto, parecía que las Comunidades Autónomas seguían viendo las cláusulas sociales desde la mirilla y sin que existiera una voluntad firme y decidida por abrir la puerta y dejar pasar a la Contratación Pública Socialmente Responsable con carácter general y reglado.

Pero por fortuna este panorama ha cambiado. Baleares ha sido la primera y en DE PAR EN PAR estamos muy orgullosos de haber participado intensamente en ese proceso, de haber prestado nuestra experiencia y colaboración, y sobre todo del resultado. Así, el pasado 28 de abril, se aprobó el Acuerdo de Cláusulas Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, siendo presentado por la presidenta Francina Armengol, junto a los consellers de Asuntos Sociales y Empleo, Fina Santiago y Yago Negueruela. Ver noticia Diario de Mallorca.

Además, en DE PAR EN PAR, estamos también trabajando y prestando nuestra asistencia técnica al Gobierno de Canarias para la elaboración de una norma de cláusulas sociales que deberá aplicarse en los contratos públicos de la administración autonómica. La apuesta política es muy clara y así lo ha manifestado la propia Vicepresidenta del Gobierno Patricia Hernández. Ver noticia El Día. Hemos comenzado con acciones de formación para más de un centenar de personas y ahora debemos coordinar y dirigir un trabajo transversal entre diferentes áreas, con el objetivo puesto en la mejor de las normas posibles: con plenas garantías jurídicas y con el máximo alcance social.

Sin duda, cabe celebrar que las Comunidades Autónomas se sumen a las cláusulas sociales – al igual que Diputaciones, Consells y Cabildos insulares-, no solo por su importancia cuantitativa, sino por el efecto tractor y referencial que ejercen sobre los municipios de sus respectivos territorios. Y es que, sumar nos gusta, pero multiplicar nos encanta (1+1=3).

Que se haga la luz

‘El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas’ elaborado por KPMG revela que el 62% de las personas con responsabilidad pública encuestadas asegura que sus respectivas administraciones tienen mecanismos para prevenir y detectar comportamientos corruptos. Unas dicen que en sus administraciones hay órganos de control interno, otras aseguran que lo que tienen son códigos de buena conducta o de buen gobierno, y el tercer grupo indica que con lo que cuentan es con el compromiso de sus jefes y jefas contra el fraude en la gestión de lo público. (VER NOTICIA AQUÍ)

Desgraciadamente, ni los códigos de buena conducta, ni los órganos internos, ni mucho menos los compromisos políticos son garantías. Más bien son algo así como las maravillosas intenciones de Año Nuevo: que si vamos a ir al gimnasio todas las semanas, que si esta vez sí que nos vamos a poner serios y serias con la dieta, que de mañana no pasa que nos apuntemos a un curso de inglés… En definitiva, que los planes contra la corrupción quedan muy bien sobre papel para presentarlos en rueda de prensa a los medios de comunicación, pero otra cosa es cumplirlos.

Así que menos hablar y más hacer. Para acabar con las malas prácticas políticas y funcionariales (sin meter en el mismo saco, claro está, a todas las personas políticas y funcionarias) no hay nada como encender la luz y colgar el cartel de ‘Pasen y vean’. En la misma noticia sobre la encuesta hecha por KPMG se menciona a Norberto Bobbio y su idea de que la democracia es la gestión de lo público, en público. Y en DE PAR EN PAR no podemos estar más de acuerdo. Las administraciones públicas deben ejercer sus funciones en una caja de cristal con buena iluminación (es decir, en sus sitios web), y apostar por una transparencia en su gestión que acabe con las sospechas y los rincones en sombras. Eso sí que sería un mecanismo de control real y una señal de respeto a la ciudadanía. Lo demás, papel mojado.

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

 

 

 

POR FIN MADRID DANDO EJEMPLO

Fotografía: Amanecer en Madrid. De Alberto Triano.

Se trata de una excelente noticia que el primer y mayor ayuntamiento de España se ponga por fin al frente de la implantación de cláusulas sociales y lo haga de forma decidida.

El equipo de DE PAR EN PAR llevamos más de diez años asesorando e implantando cláusulas sociales en más de veinte administraciones públicas y nunca en este tiempo hemos leído una noticia relevante o conocido una experiencia interesante que provenga de la capital madrileña.

Celebramos la dicha aunque sea tarde y también que hayamos sido invitados a impartir una conferencia sobre cláusulas sociales el día 7 de octubre de 2015. Esta jornada sobre contratación pública responsable, se dirige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y participarán los concejales Guillermo Zapata Romero y Carlos Sánchez Mato (Delegado de Economía y Hacienda). Del mismo modo impartiremos un taller sobre cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres el día 22 de octubre. Esperamos que sea el inicio de una bonita colaboración…

Retomando el anuncio del Gobierno municipal, valoramos de forma muy positiva el Decreto de 23 de septiembre de 2015 que deroga uno anterior sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación y cuyo fin en palabras de la Alcaldesa Manuela Carmena “es conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad,estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha expresado: “esto significa que vamos a apreciar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.

Enlaces:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/23/madrid/1443002557_543498.html

http://diarioresponsable.com/empresas/noticias/22085-rse-llega-la-contratacion-publica-responsable-a-madrid.html