CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PARAÍSOS FISCALES

Este verano pasado en DE PAR EN PAR realizamos un trabajo de los que hacen ilusión: Oxfam-Intermón nos encargó buscar la vía legal para que el sector público no contrate con aquellas empresas que operan en paraísos fiscales. Se trata de un tema con largo recorrido de trabajo en diversos frentes, pero para el que no hallaba la fórmula jurídica precisa.

El razonamiento esInforme Oxfam Intermón fácil de entender, pues quienes eluden el pago de impuestos incurren en una manifiesta competencia desleal respecto a las empresas honestas (¿qué fue del principio de libre concurrencia?), socavan la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, se burlan de quienes sí lo hacemos, y por supuesto, practican una escandalosa falta de ética.

Por citar unos datos: 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales a través de 810 empresas fantasma, y Oxfam-Intermón cifra la evasión fiscal en 59.000 millones de euros anualPF-y-El-Roto3es. Casi nada.

Sin embargo, lo que nos parece obvio no lo es en absoluto para la normativa de contratación pública, y nos costó -aunque lo logramos- encontrar un encaje jurídico adecuado. Así, el planteamiento propuesto combina medidas de transparencia (información fiscal de las empresas licitadoras) con la propia mecánica de licitación (prohibiciones para contratar y condiciones de ejecución).

Ahora proponemos su aplicación a las distintas Administraciones Públicas con las que estamos trabajando y nuestro deseo es que estas cláusulas vayan poniéndose encima de la mesa (de las mesas de contratación en concreto).
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A raíz del informe, el pasado 9 de diciembre tuvimos el gusto de reunirnos y explicar las posibilidades aplicativas al grupo de personas que está promoviendo este tema en Navarra, con el liderazgo de Intermón. Su intención es proponer en el Parlamento una modificación de la Ley de Contratos Públicos de Navarra en este sentido. Para lo que quieran estaremos a su disposición.

 

MÁS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA NUEVA DIRECTIVA DE CONTRATOS PÚBLICOS

El artículo 20 amplía los contratos reservados a las Empresas de Inserción.

El artículo 67 y los Considerandos 45, 93 y 99, señalan de forma inequívoca la legalidad de los criterios sociales de adjudicación.

Se regulan de forma específica los servicios sociales, por importe inferior a 750.000 euros (arts. 74 y 4.d), lo que amplía notablemente el marco de selección de licitadores y la inclusión de criterios de adjudicación.

Prevé expresamente que se puedan reservar contratos de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social (art. 77).

Ofrece absoluta garantía jurídica a la posibilidad de exigir el cumplimiento de convenios colectivos y garantizar unos mínimos laborales y salariales (art. 18, Considerandos 37, 39 y 105).

Regula claramente la posibilidad de exigir etiquetas sociales y ecológicas como sistema de solvencia técnica, como criterios de adjudicación y como condiciones de ejecución (art. 43).

Novedades e Implicaciones Nueva Directiva de Contratos Públicos