NO SABÍAMOS QUE ERA IMPOSIBLE, ASÍ QUE LO HICIMOS.

Dedicado a Luisa García Solar, Pilar Varela, Ana Riesgo y Quini Gómez.

El pasado 8 de abril, con motivo de la celebración de una Jornada sobre compra y responsabilidad social pública, la prensa recogió el siguiente titular: “Avilés, referencia nacional en las cláusulas sociales de los contratos públicos”.

No pude asistir pero me hubiera encantado, y sentí verdadera nostalgia, ya que mi trayectoria profesional tiene sentido precisamente gracias al Ayuntamiento de Avilés. Así que, si me permitís, voy a contar una batallita: Sicilia, 1932. Ah no, perdón, Avilés año 2008, llevaba cuatro años dedicándome a las cláusulas sociales pero el trabajo se limitaba a impartir formación, disertar en conferencias y, todo lo más, asesorar en alguna licitación aislada. Ninguna Administración Pública se atrevía a ir más allá, y dotarse de una norma para que las cláusulas sociales se incluyeran de forma reglada en todos los contratos.

¿He dicho ninguna? Noooo, una tribu de astures, con mujeres y hombres valerosos decide desafiar al imperio de la contratación pública y cambiar su curso. Nos dijeron que era imposible, nos dijeron que era ilegal, nos advirtieron que se recurriría, pero exploramos todas las posibilidades, pisamos tierra firme, batallamos con secretaría e intervención, y logramos llegar adonde nadie en este país había lo había hecho en contratación pública socialmente responsable.

La única forma de conocer los límites de lo posible era explorarlos y adentrarse en ellos, así lo hicimos.

Y sí, en efecto era posible, en estos años Avilés ha incorporado cláusulas sociales en 122 contratos y logrado que 336 personas con dificultades accedan al empleo. El modelo de Avilés ha sido reproducido por más de un centenar de Administraciones Públicas (incluidos los Ayuntamientos de Madrid o Barcelona), y también reconocido en el exterior, con distinciones en la Conferencia Europea de Responsabilidad Social, finalista en los premios BP de la Unión Europa a la Innovación en la Administración Pública u obteniedo el premio Guangzhou a la Innovación Urbana en China.

Volvemos a 2016, han pasado ocho años, y cada semana saltan noticias de acuerdos municipales, iniciativas, mociones, normas o instrucciones de cláusulas sociales. Aunque no hayamos participado en la redacción de todas ellas, lo que importa y es cierto es que todas se han inspirado en Avilés, y en todas ellas se puede reconocer cláusulas o párrafos enteros que han reproducido esa primera Instrucción que se redactó y aprobó en España.

Sólo cabe una mayor satisfacción que la de producir efectos sociales: multiplicarlos.

Santiago Lesmes Zabalegui.

Responsable de cláusulas sociales en DE PAR EN PAR.

El funcionariado también puede emprender

Hace días, el actor español Antonio Banderas afirmaba en una entrevista lo siguiente: “Con un 75% de gente que quiere ser funcionaria no se hace país. Se hace país con gente que se la juega”. El actor se posicionaba así a favor de las personas con espíritu emprendedor y en contra de las que solo aspiran a ser funcionarias.

Y es que en España ser funcionario o funcionaria es, todavía, sinónimo de inmovilismo, desidia, e incluso amargura. No vamos a ocultar que en el trabajo de asesoramiento en cláusulas sociales y transparencia que DE PAR EN PAR desarrolla en las administraciones públicas nos hemos encontrado con funcionarios y funcionarias paralizados y que paralizan. De hecho, os remito a este post en el que dejábamos constancia de esta experiencia.

Sin embargo, y al hilo de la opinión de Antonio Banderas, afirmamos que el funcionariado también puede emprender. Emprender desde dentro, desde las administraciones en las que trabajan, para, de esta forma, poder cambiarlas y sacudirlas hasta que no quede en ellas ni una mota de ese vetusto polvo que las empaña.

En DE PAR EN PAR no creemos que ser funcionario o funcionaria esté reñido con el emprendimiento. Es cierto que cambiar las cosas en las administraciones requiere mucho trabajo, valentía, y un sentido del servicio público muy arraigado, pero es posible.

Afortunadamente, dentro del cuerpo funcionarial de este país conocemos a personas con ese afán emprendedor. Con esas ganas de luchar para hacer que la gestión pública sea ejemplar; que la transparencia sea real, y no un mero titular para lograr votos; y que la contratación socialmente responsable sea una rutina, no una excepción.

 

 

La transparencia también es diseño

Hay veces que encontrar un dato en los sitios web de las administraciones públicas es peor que buscar una aguja en un pajar. Son sitios abarrotados de áreas, servicios, colores, fotografías, títulos y subtítulos, llamamientos diversos, miles de noticias, y páginas de inicio que no terminan nunca, por mucho que bajes y bajes con el ‘ratón’.

En definitiva, hay tantos elementos juntos en esas páginas, que nada destaca. Y, peor aún, hacen perder el tiempo a los usuarios y usuarias, dificultándoles llegar adonde quieren llegar. Así que la pregunta es: ¿Es eso transparencia? En absoluto. Esos sitios web parecen tablones de anuncios universitarios donde se superponen carteles de conciertos, programas de conferencias, alquileres de pisos, intercambios de libros y apuntes, solicitudes de trabajo y miles de cosas más, igual que el tablón que acompaña este post (fotografía publicada por El País).

Así que sí, la transparencia también requiere un diseño determinado. Uno sencillo pero práctico, agradable pero sin rodeos, sin ruido que distraiga, y que en no más de tres ‘clics’ ofrezca a la ciudadanía lo que busca. En definitiva, sitios web cuyos caminos hasta la meta sean cortos y agradables paseos, y no laberintos donde nunca penetra el Sol.

Pero no solo de diseño vive la transparencia. Lean sino estas dos noticias referidas al portal de transparencia del Gobierno de Aragón: primera noticia y segunda noticia. Y es que la tecnología, la programación y el diseño son las tres patas que le faltan a la transparencia. Desafortunadamente, aún no hemos visto ni una administración que las tenga en cuenta. En DE PAR EN PAR ya estamos trabajando para demostrar que esto es posible. Porque no solo basta con asesorar sobre qué es transparencia, sino también sobre cómo ponerla en práctica a través de sitios web atractivos, accesibles, rápidos, cómodos y útiles.

DE PAR EN PAR ELABORA LA NORMA DE CLÁUSULAS SOCIALES CON TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

El pasado 23 de febrero, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció en su intervención en el Pleno, que desde la Consejería de Políticas Sociales se está elaborando una normativa específica de cláusulas sociales de obligado cumplimiento para la contratación pública de la Comunidad Autónoma.

“Paralelamente -añadió- se están redactando los criterios de transparencia que se aplicarán a cada una de las cláusulas sociales que se van a incorporar a la mencionada Norma“.

Precisamente, éste es uno de los trabajos al que nos estamos dedicando con ilusión desde DE PAR EN PAR: la redacción de un proyecto de Norma de cláusulas sociales, que será objeto de trabajo conjunto con los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y que deberá estar aprobada para el mes de junio.

Además, existe una coordinación con el Instituto Canario de Administración Pública para impartir formación -en Tenerife y Gran Canaria-, sobre cláusulas sociales y transparencia. Y por último realizaremos la incorporación de los sistemas de transparencia, adaptaremos los pliegos de cláusulas administrativas  y propondremos una modificación del perfil del contratante para adaptarlo a una máxima transparencia y a la inclusión de las cláusulas sociales.

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PARAÍSOS FISCALES

Este verano pasado en DE PAR EN PAR realizamos un trabajo de los que hacen ilusión: Oxfam-Intermón nos encargó buscar la vía legal para que el sector público no contrate con aquellas empresas que operan en paraísos fiscales. Se trata de un tema con largo recorrido de trabajo en diversos frentes, pero para el que no hallaba la fórmula jurídica precisa.

El razonamiento esInforme Oxfam Intermón fácil de entender, pues quienes eluden el pago de impuestos incurren en una manifiesta competencia desleal respecto a las empresas honestas (¿qué fue del principio de libre concurrencia?), socavan la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, se burlan de quienes sí lo hacemos, y por supuesto, practican una escandalosa falta de ética.

Por citar unos datos: 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales a través de 810 empresas fantasma, y Oxfam-Intermón cifra la evasión fiscal en 59.000 millones de euros anualPF-y-El-Roto3es. Casi nada.

Sin embargo, lo que nos parece obvio no lo es en absoluto para la normativa de contratación pública, y nos costó -aunque lo logramos- encontrar un encaje jurídico adecuado. Así, el planteamiento propuesto combina medidas de transparencia (información fiscal de las empresas licitadoras) con la propia mecánica de licitación (prohibiciones para contratar y condiciones de ejecución).

Ahora proponemos su aplicación a las distintas Administraciones Públicas con las que estamos trabajando y nuestro deseo es que estas cláusulas vayan poniéndose encima de la mesa (de las mesas de contratación en concreto).
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A raíz del informe, el pasado 9 de diciembre tuvimos el gusto de reunirnos y explicar las posibilidades aplicativas al grupo de personas que está promoviendo este tema en Navarra, con el liderazgo de Intermón. Su intención es proponer en el Parlamento una modificación de la Ley de Contratos Públicos de Navarra en este sentido. Para lo que quieran estaremos a su disposición.

 

CABILDO DE LA PALMA. CLÁUSULAS SOCIALES Y DIVERSIDAD POLÍTICA.

El 11 de noviembre el equipo de DE PAR EN PAR tuvimos la ocasión de impartir dos talleres sobre cláusulas sociales en el Salón de Plenos del Cabildo de La Palma. Por la mañana la sesión estuvo dirigida a cargos públicos y a técnicos y técnicas, tanto del propio Cabildo como de los catorce ayuntamientos de la isla. En la sesión de la tarde el contenido y la asistencia se centró en las entidades sociales, con especial presencia de organizaciones que trabajan en los ámbitos de la inserción laboral para personas con discapacidad y en situación de exclusión social.

Cabildo de La PalmaEn esta entrada nos gustaría abordar una cuestión y responder a una pregunta que a menudo nos suelen plantear: ¿las cláusulas sociales son de un partido o una ideología determinada?

Y para hacerlo vamos a utilizar el ejemplo del Cabildo de la Palma y las respuestas suscitadas por diversos grupos políticos a raíz del taller impartido.

La primera reacción es la del propio equipo de gobierno: el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la Consejera de Asuntos Sociales Jovita Monterrey, asistieron al taller y mostraron gran interés, pertenecen al Grupo Socialista y está abierta la posibilidad de una colaboración para asesorar un proceso de implantación de cláusulas sociales.

Nada más terminar el taller,miembros de Podemos, que forma parte del Grupo Mixto, como Olivia Fernández o Rodri Laiz se interesaron mucho por las cláusulas sociales y nos formularon diversas preguntas.

Y también asistieron miembros del Grupo Popular, que precisamente en 2011, cuando gobernaban en el Cabildo presentaron y aprobaron una moción para la implantación de las cláusulas sociales que finalmente no se llevó adelante. Antes del taller tuvimos la ocasión de charlar con María Rosa de Haro, y a los pocos días conocimos a través de la prensa que Carlos Javier Cabrera reclamaba al Cabildo “la incorporación real de cláusulas sociales en los contratos de obras, suministros y servicios, ya que están permitidas expresamente por la ley”.

Dicho esto, la cuestión planteada se responde por sí sola: las cláusulas sociales no son patrimonio de ningún partido ni ideología. Por el contrario, desde DE PAR EN PAR siempre apostamos por el máximo consenso político, no sólo porque es la mejor manera de garantizar su continuidad, sino por el hecho cierto de que las cláusulas sociales son indudablemente eficientes y beneficiosas para la ciudadanía, por lo tanto lo extraño sería que alguien se posicione en contra suya.

INDISPAL II TALLER CABILDO

TALLER CABILDO

 

POR FIN MADRID DANDO EJEMPLO

Fotografía: Amanecer en Madrid. De Alberto Triano.

Se trata de una excelente noticia que el primer y mayor ayuntamiento de España se ponga por fin al frente de la implantación de cláusulas sociales y lo haga de forma decidida.

El equipo de DE PAR EN PAR llevamos más de diez años asesorando e implantando cláusulas sociales en más de veinte administraciones públicas y nunca en este tiempo hemos leído una noticia relevante o conocido una experiencia interesante que provenga de la capital madrileña.

Celebramos la dicha aunque sea tarde y también que hayamos sido invitados a impartir una conferencia sobre cláusulas sociales el día 7 de octubre de 2015. Esta jornada sobre contratación pública responsable, se dirige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y participarán los concejales Guillermo Zapata Romero y Carlos Sánchez Mato (Delegado de Economía y Hacienda). Del mismo modo impartiremos un taller sobre cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres el día 22 de octubre. Esperamos que sea el inicio de una bonita colaboración…

Retomando el anuncio del Gobierno municipal, valoramos de forma muy positiva el Decreto de 23 de septiembre de 2015 que deroga uno anterior sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación y cuyo fin en palabras de la Alcaldesa Manuela Carmena “es conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad,estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha expresado: “esto significa que vamos a apreciar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.

Enlaces:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/23/madrid/1443002557_543498.html

http://diarioresponsable.com/empresas/noticias/22085-rse-llega-la-contratacion-publica-responsable-a-madrid.html

LA GENERALITAT VALENCIANA EXIGIRÁ CLÁUSULAS SOCIALES

La Conselleria de Transparencia trabaja en la inclusión de forma transversal de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública para fomentar la “responsabilidad social de las empresas en un nuevo pacto ciudadano”. Así lo anunció el pasado 29 de septiembre la vicepresidenta, Mónica Oltra, refiriéndose a cláusulas sobre planes de igualdad, paridad en órganos de dirección, salarios justos, políticas de inclusión, la consideración de la huella ecológica y no usar materiales provenientes de la explotación infantil.

Celebramos sin duda este anuncio y compartimos su argumentación, pues las cláusulas sociales deben suponer un cambio de paradigma en las relaciones entre administraciones, empresas y ciudadanía. No sólo importa el fin (el bien común) sino que es fundamental el camino (la co-responsabilidad social, fruto de la colaboración entre todas las partes).

De igual modo cabe destacar la idea de transversalidad, pues las cláusulas sociales deben impregnar toda la acción pública y afectar a todas las áreas de gobierno y órganos de contratación. Por último resulta imprescindible el liderazgo y la voluntad política, respecto a lo cual debemos celebrar que la Vicepresidenta se ponga a la cabeza en el impulso de las cláusulas sociales.

Enlaces a la noticia:

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150929/54437739889/la-generalitat-exigira-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica.html#ixzz3nP5xzH00

http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/7036885/09/15/La-Generalitat-reforzara-las-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-y-hara-una-reforma-fiscal.html#.Kku8unqOAu1qVu4

 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: ¿A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA?

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció el pasado 17 de septiembre la “aprobación de un nuevo modelo de contratación pública que introduzca cláusulas sociales, y que partiendo de la responsabilidad social de la administración alcance a las empresas contratistas, con un objetivo claro: primar la rentabilidad social antes que la económica”. 

En el modelo que esbozó se apuesta activar a las empresas de inserción social y fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión, y afirmó que la Delegación de Empleo está trabajando en la redacción un pliego de cláusulas sociales y administrativas.

Este anuncio nos sirve para recordar que Sevilla fue pionera en este ámbito, aprobando en abril de 2007 un “Pliego de Cláusulas Administrativas de Calidad Social”, que era de inclusión obligatoria en todos sus contratos… y que nunca se aplicó.

No es el único caso, y así DEPARENPAR trabajó en su día en el Acuerdo del Gobierno Vasco de 2008 sobre cláusulas sociales que nunca se ha puesto en práctica, al igual que las instrucciones de los Ayuntamientos de Jaén o Irún que padecieron el mismo recorrido: no pasar de las palabras (el texto legal) a los hechos (los pliegos y los resultados). En efecto, no basta con redactar y aprobar una norma sobre cláusulas sociales sino que se requiere el impulso político e involucrar al personal técnico para convertir a la contratación socialmente responsable en parte de la gestión pública.

Aprendamos las lecciones, y si es preciso cambiemos el plan o la estrategia, pero no la meta.