LAS CLÁUSULAS SOCIALES AVANZAN IMPARABLES

Para nosotros y nosotras supone una considerable alegría el constatar la proliferación de administraciones públicas que en estos últimos meses se dotan de Instrucciones, Acuerdos o Normas por las que las cláusulas sociales se configuran como una parte imprescindible y obligatoria en la definición, adjudicación y ejecución de sus contratos públicos.

No nos engañemos, no ha sido un camino fácil, y durante muchos años, demasiados sin duda, hemos padecido una parálisis. No olvidamos que en el año 2009 fue el Ayuntamiento de Avilés el primero de toda España en aprobar una Instrucción por la que en todos sus contratos se incorporaban de forma preceptiva cláusulas sociales, pero desde entonces y hasta el año 2015, apenas una decena de Ayuntamientos y Diputaciones habían seguido su camino.

El cambio, en apenas un año, ha sido espectacular, y DE PAR EN PAR ha trabajado de manera intensa y muy satisfactoria en la consecución de diversas Normas e Instrucciones, cuyo contenido queremos compartir:

Su tamaño es diverso, y van desde una Comunidad Autónoma con dos millones de habitantes (Canarias) hasta un municipio con apenas tres mil habitantes (Puente la Reina/Gares). Todo es cuestión de compromiso político, de voluntad del personal técnico, y de adecuar las cláusulas sociales a las prioridades y posibilidades reales.

Esto no ha hecho más que empezar, en estos momentos DE PAR EN PAR trabaja para diseñar y aprobar nuevas normas de cláusulas sociales para el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, los Cabildos Insulares de Tenerife y La Palma, o el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Damos así la bienvenida a estas Administraciones Públicas responsables, que emplearán el presupuesto público destinado a contratación a mejorar la cohesión social, la igualdad de género, la calidad en el empleo, la inserción sociolaboral de personas desfavorecidas, o la sostenibilidad medioambiental.

Esto no se para.

Cláusulas Sociales

LAS CCAA SE PONEN LAS PILAS CON LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Hasta la fecha, las iniciativas sobre cláusulas sociales que abordaban su inclusión en la contratación pública con carácter preceptivo, habían tenido su origen en administraciones públicas de ámbito municipal (Avilés, Castellón, Barcelona, Madrid, Donostia, Vitoria, Sevilla, Valencia, etcétera).

Dicha afirmación pudiera ser matizada por los casos del País Vasco (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2008), Navarra (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos), Aragón (Ley 3/2011, de 24 de febrero), o Castilla y León (Acuerdo 59/2012, de 26 de julio). Pero en todos estos casos, se trata de acuerdos o normativas parciales o insuficientes, en algún caso meramente voluntariosa, o incluso inaplicada.

Por lo tanto, parecía que las Comunidades Autónomas seguían viendo las cláusulas sociales desde la mirilla y sin que existiera una voluntad firme y decidida por abrir la puerta y dejar pasar a la Contratación Pública Socialmente Responsable con carácter general y reglado.

Pero por fortuna este panorama ha cambiado. Baleares ha sido la primera y en DE PAR EN PAR estamos muy orgullosos de haber participado intensamente en ese proceso, de haber prestado nuestra experiencia y colaboración, y sobre todo del resultado. Así, el pasado 28 de abril, se aprobó el Acuerdo de Cláusulas Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, siendo presentado por la presidenta Francina Armengol, junto a los consellers de Asuntos Sociales y Empleo, Fina Santiago y Yago Negueruela. Ver noticia Diario de Mallorca.

Además, en DE PAR EN PAR, estamos también trabajando y prestando nuestra asistencia técnica al Gobierno de Canarias para la elaboración de una norma de cláusulas sociales que deberá aplicarse en los contratos públicos de la administración autonómica. La apuesta política es muy clara y así lo ha manifestado la propia Vicepresidenta del Gobierno Patricia Hernández. Ver noticia El Día. Hemos comenzado con acciones de formación para más de un centenar de personas y ahora debemos coordinar y dirigir un trabajo transversal entre diferentes áreas, con el objetivo puesto en la mejor de las normas posibles: con plenas garantías jurídicas y con el máximo alcance social.

Sin duda, cabe celebrar que las Comunidades Autónomas se sumen a las cláusulas sociales – al igual que Diputaciones, Consells y Cabildos insulares-, no solo por su importancia cuantitativa, sino por el efecto tractor y referencial que ejercen sobre los municipios de sus respectivos territorios. Y es que, sumar nos gusta, pero multiplicar nos encanta (1+1=3).