¡Suspenso!
La ley de transparencia, y todas las demás leyes que obligan a la transparencia (como la nueva ley de contratación pública), están para… ¡incumplirlas! Así se desprende del último estudio realizado por Transparencia Internacional, que concluye que las empresas públicas están muy lejos de ser transparentes, ya que no cumplen las leyes ni de lejos. Como dato a destacar, según esta organización, las empresas públicas que han obtenido peores puntuaciones son: la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la Autoridad Portuaria de Baleares.
Hay que preguntarse si ese incumplimiento de las leyes se debe a una intención firme de apostar por la opacidad, a una desidia estructural, a la falta de medios económicos y personales, o a una mezcla de las tres cosas. Aunque, tal vez, tengamos que añadir algo más: el convencimiento de las personas gestoras de lo público están convencidas de que ser transparente no merece la pena, ya que no despierta el interés de la ciudadanía. Esta última hipótesis podría deberse a que, las entidades que han querido ser transparentes, no han visto que eso les haya dado más ‘visitas’ a sus sitios web. Una excusa esta muy peligrosa, que se equipara esta otra: ¿para qué dejar de malversar si siguen votándome legislatura tras legislatura?.
Vamos a ver si este suspenso en transparencia hace recapacitar a las empresas públicas, y se dedican en verano a recuperar el tiempo perdido para volver en septiembre con un plan de transparencia que revierta esta situación. La transparencia es una obligación, tiene mucho que ver con la honradez, la ética, y la buena gestión pública, y, sí, es posible que no dé votos ni masivas visitas a los sitios web, pero eso no puede ser una excusa.
Como asegura Armando Hernández Cruz, Magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, desde una perspectiva ética hay dos principios claves de la transparencia, y uno de ellos es la buena fe, un componente que “no debe entenderse como un simple sinónimo de buena voluntad, sino como una obligación ética del servidor público”.
