Cuando quien gobierna es el funcionario

Romper la inercia no es fácil, y hay muchos motivos que lo explican. Por ejemplo, el esfuerzo personal que hay que hacer, el tiempo de más que hay que invertir, las reacciones que generará, el miedo al fracaso, las complicaciones inimaginables que conllevará… Por eso, cambiar de rumbo es muy complicado, sobre todo cuando el viento sopla en contra. En las administraciones públicas, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, muchos de los políticos y políticas que entraron en ellas con responsabilidad de gobernar y, lo más importante, con ganas de mejorar la calidad de vida de sus pueblos, ciudades, provincias y comunidades autónomas, ya lo han podido comprobar. A estas alturas ya saben por experiencia propia lo difícil que es transformar la rancia inercia funcionarial en esperanza y progreso para la sociedad.

Porque, amén de funcionarios y funcionarias con grandes cualidades profesionales y sentido común (que los hay, y muchos), también están los que entorpecen el trabajo de las personas que han sido elegidas por la ciudadanía para cambiar las cosas. Bien sea por sus propias convicciones conservadoras, porque les cuesta recibir la hoja de ruta de partidos políticos con poca experiencia en las instituciones, o simplemente porque no quieren trabajo extra, lo cierto es que lo único que sale de sus bocas es: “Esto no se puede hacer”. Y, por supuesto, dos de sus víctimas preferidas son las cláusulas sociales en la contratación pública y la implementación de más transparencia en la gestión.

Entonces, ¿qué pueden hacer los políticos para cumplir con las promesas de mejora social dadas a la gente? ¿rogar al funcionario? ¿conformarse con lo que hay? ¿sucumbir a las amenazas y a la presión del personal? o, por el contrario, ¿empezar a expedientar y sancionar a los que minan su mandato sin razones legales, con desobediencia, desidia, incompetencia y cobardía? Lo que está en juego es mucho. Es el bienestar común. Es la confianza que millones de personas han puesto en sus dirigentes políticos para salir del agujero de la corrupción y la desigualdad. Sí, romper con la inercia es difícil. Y acabar con ella en las administraciones públicas requiere algo muy complicado: anteponer la igualdad social al bienestar personal. Sin duda, pronto comprobaremos la solidez de los principios sociales plasmados en los programas electorales.

 

 

 

 

Puede parecerlo, pero no.

Si parece un bar, y además hay un cartel que pone café-bar, será un bar ¿no?. Pues no. Al menos así se especifica en un trozo de papel: Esto no es un bar. Tal vez sea una sociedad privada, una peña del pueblo, un club social… pero no un local abierto al público en general. ¿Entonces por qué mantienen el cartel de café-bar? ¿Porque una vez lo fue y quieren conservarlo? Yo les aconsejaría que lo colgaran dentro y los sustituyeran por otro donde se especificará qué es ese sitio exactamente. Y ya está. Asunto concluido. Ni un parroquiano ajeno más entraría por esa puerta.

En la transparencia pasa algo parecido. Hoy todas las administraciones públicas deberían tener sus sitios web rebosando transparencia. Han tenido dos años de plazo para hacerlo. Dos años para ofrecer a la ciudadanía al menos lo mínimo que marca la Ley. Pero, desgraciadamente, muchos y muchas entrarán en los sitios web de sus ayuntamientos, gobiernos, diputaciones, cabildos, consejos insulares… y comprobarán que donde tenía que haber transparencia no hay nada, o casi nada.

Y es que una cosa es hablar de transparencia, y otra es ser realmente transparente. Las deficiencias que hoy encontramos en muchos portales web pone en evidencia que, a pesar de las ruedas o notas de prensa que hayan podido hacer para anunciar sus tímidos pasos hacia a transparencia, las administraciones públicas no tienen voluntad de respetar a su ciudadanía, de tratarla como a una igual.

Ahí va un ejemplo de incumplimiento. Veamos el portal web del Ayuntamiento de Aínsa y vayamos a lo más sencillo: el organigrama. Al respecto, la ley aragonesa establece que “cuando se trate de cargos retribuidos deberán hacer constar sus datos biográficos profesionales”. Sin embargo, cuando entramos en el organigrama de dicho ayuntamiento, no consta la trayectoria profesional de ningún cargo político.

Si ocurre esto en algo como la composición de un consistorio pequeño, nos podemos imaginar la información que habrá sobre temas más delicados, como la gestión del dinero público. Definitivamente, puede parecer que las administraciones públicas son más transparentes, pero no. Algunas ni siquiera se han molestado en lavarse la cara.

 

 

Una gran iniciativa

Entren en http://www.mapadelpoderencanarias.com y echen un vistazo. Merece la pena. Lo que verán es fruto del trabajo de fin de grado de Raúl Sánchez González cuando era estudiante de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Hoy en día es un proyecto periodístico cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía información sobre quién es quién en el Archipiélago, qué intereses unen a las personas que ejercen la política con los empresarios y las empresarias de las siete islas.

Por ejemplo, si un alcalde tiene un hijo trabajando en una empresa que recibe subvenciones del Gobierno de Canarias, cuya Presidencia está en manos del partido de dicho alcalde que, además, también es uno de los cargos directivos del partido. Un lío, ya. Pero este proyecto de investigación periodística trata precisamente de eso, de desenredar nudos y dejar al descubierto conexiones que permanecían ocultas a la sociedad.

 

 

Da la cara y dime quién eres

El tiempo se echa encima y son muchas las entidades locales que deben darse prisa para tener sus portales de transparencia a punto antes del próximo 9 de diciembre (plazo marcado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su disposición final novena). Sin embargo, las prisas no son buenas, y menos aún si hacen que las administraciones públicas se copien unas a otras para acabar cuanto antes con ese trámite engorroso que, para algunas, supone la transparencia.

Comprobar la existencia de desidia en los portales de transparencia no es difícil. Basta con ‘navegar’ un poco por ellos para descubrir que muchos ni siquiera cumplen con los mínimos marcados por la legislación nacional. Un ejemplo es el al organigrama que ‘cuelgan’ algunas instituciones públicas, donde solo aparecen los nombres y apellidos de las personas con responsabilidad política y sus correos electrónicos, obviando así el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que obliga a publicar un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

Conocer a fondo la trayectoria profesional

 

El portal tapiado

Miren la foto. El perrito negro parece haber encontrado un hueco en la parte inferior derecha por el que entrar. Cuando lo vi, y antes de levantar mi cámara y disparar, el animal llevaba ya un rato husmeando por esa pequeña abertura, empecinado en meter el morro a toda costa. Al principio, solo esperaba que saliera de mi encuadre para fotografiar tranquila aquella puerta tapiada; pero luego, pensándolo mejor, decidí hacer la foto justo en el momento en que su dueña tiraba de él para alejarlo de aquella empresa imposible. Y es que no pude resistirme a la asociación de ideas que me vino a la cabeza: el Portal de Transparencia del Gobierno de España (transparencia.gob.es) se parece mucho a la puerta de la foto que encabeza este artículo. Tiene forma de portal, pero está tapiado. Al menos, así lo califico yo después de mi experiencia:

La primera vez que intenté ejercer mi derecho a la información, estuve semanas viendo cómo al entrar en ‘Ir al derecho de acceso’ y luego en ‘Comenzar’, me salía lo siguiente: ‘Error, ha ocurrido un error. Por favor, vuélvalo a intentarlo’. Después de no sé cuántas veces intentándolo, un buen día el Portal de Transparencia me dejó ir a la siguiente página. Allí se me anunciaba que tenía cuatro formas de pedir información : con un DNI electrónico (no tengo); con una clave PIN (no tengo); con una clave permanente (no tengo); y la cuarta era para el resto de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea (bueno, no para todos y todas, solo para aquellas personas que estaban identificadas en sus países a través de la plataforma STORK). Visto y leído todo,eEstaba claro que tenía que conseguir una clave PIN o una clave permanente, y a ello me puse. Desgraciadamente, además de ser un proceso engorroso en el que no solo tenía que dar mi nombre, sino también mi DNI, en ambos casos se me obligaba a dar mi número de cuenta corriente.

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Imagen del Portal de Transparencia del Gobierno de España donde se muestra el momento en que se solicita la cuenta bancaria para acceder al derecho de información.

 

En resumen, creí que me iba a encontrar un portal abierto de par en par, pero con lo que me topé fue con un resquicio que apenas me daba para meter una mano. Porque para ejercer mi derecho a la información tenía que solicitar una carta de invitación para que se me diera de alta en el ‘Sistema Clave’. Una vez recibida la carta, debía localizar mi ‘Código Seguro de Verificación’ y entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde se me pedían datos como mi DNI, mi cuenta bancaria y mi teléfono móvil. Y no solo eso. También tuve que lidiar con mensajes como el mencionado ‘Error, ha ocurrido un error. Por favor, vuélvalo a intentarlo’ y ‘El portal de transparencia no se encuentra disponible en estos momentos’.

En fin, todo un proceso que, lejos de facilitar el acceso, lo que hace es poner piedras en el camino. La transparencia de las administraciones públicas no es tal si el acceso a la información, que es un derecho fundamental, no es sencillo y de rápida respuesta. Afortunadamente, estas dos características, que no las entiende el Gobierno de España, sí han sido asumidas por otras instituciones, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, que suministra información sin necesidad de que la persona que la solicite se identifique. Todo un ejemplo de transparencia y respeto a la ciudadanía.