El funcionariado también puede emprender

Hace días, el actor español Antonio Banderas afirmaba en una entrevista lo siguiente: “Con un 75% de gente que quiere ser funcionaria no se hace país. Se hace país con gente que se la juega”. El actor se posicionaba así a favor de las personas con espíritu emprendedor y en contra de las que solo aspiran a ser funcionarias.

Y es que en España ser funcionario o funcionaria es, todavía, sinónimo de inmovilismo, desidia, e incluso amargura. No vamos a ocultar que en el trabajo de asesoramiento en cláusulas sociales y transparencia que DE PAR EN PAR desarrolla en las administraciones públicas nos hemos encontrado con funcionarios y funcionarias paralizados y que paralizan. De hecho, os remito a este post en el que dejábamos constancia de esta experiencia.

Sin embargo, y al hilo de la opinión de Antonio Banderas, afirmamos que el funcionariado también puede emprender. Emprender desde dentro, desde las administraciones en las que trabajan, para, de esta forma, poder cambiarlas y sacudirlas hasta que no quede en ellas ni una mota de ese vetusto polvo que las empaña.

En DE PAR EN PAR no creemos que ser funcionario o funcionaria esté reñido con el emprendimiento. Es cierto que cambiar las cosas en las administraciones requiere mucho trabajo, valentía, y un sentido del servicio público muy arraigado, pero es posible.

Afortunadamente, dentro del cuerpo funcionarial de este país conocemos a personas con ese afán emprendedor. Con esas ganas de luchar para hacer que la gestión pública sea ejemplar; que la transparencia sea real, y no un mero titular para lograr votos; y que la contratación socialmente responsable sea una rutina, no una excepción.

 

 

El lenguaje también debe ser transparente

La falta de transparencia que ejercen las administraciones públicas (ya sea deliberadamente o por desidia o miedo) no solo afecta a asuntos tan importantes como la contratación, el reparto de subvenciones o la gestión de los servicios públicos. Esa falta de transparencia también se da en el lenguaje que se utiliza para redactar leyes, normas, reglamentos, planes, pliegos, y demás documentos públicos.

En DE PAR EN PAR entendemos que para ciertas personas con responsabilidad política resulte apabullante que ahora les vengan con que la transparencia no es cumplir con los cuatro datos que les indica la ley, sino que deben hacer mucho más, como por ejemplo una puesta a punto en tecnología y diseño web y elaborar documentos con un lenguaje llano.

Pero desde aquí les animamos a que lo intenten. No es complicado. Solo es cuestión de principios: ¿crees realmente en la transparencia? ¿respetas de verdad el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas de tu ciudad o pueblo? ¿apuestas por hacer accesible la información de una manera clara? Si has respondido sí a estas cuestiones, empieza a hacerlo.

Ponemos como ejemplo una gran iniciativa de la Diputación de Bizkaia, con la ayuda de Lectura Fácil Euskadi, que consiste en adaptar el lenguaje de los textos normativos a uno que lo entienda todo el mundo. Esta administración ha empezado por transformar la Norma Foral de Transparencia (Ver aquí la noticia) en un documento inteligible para un segmento de la población hasta ahora olvidado. Porque, ¿de qué sirve publicar información si esta no es comprensible para todas las personas? Desde aquí felicitamos a la Diputación de Bizcaia por esta determinación, y animamos a otras administraciones a que sigan su ejemplo.

Que se haga la luz

‘El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas’ elaborado por KPMG revela que el 62% de las personas con responsabilidad pública encuestadas asegura que sus respectivas administraciones tienen mecanismos para prevenir y detectar comportamientos corruptos. Unas dicen que en sus administraciones hay órganos de control interno, otras aseguran que lo que tienen son códigos de buena conducta o de buen gobierno, y el tercer grupo indica que con lo que cuentan es con el compromiso de sus jefes y jefas contra el fraude en la gestión de lo público. (VER NOTICIA AQUÍ)

Desgraciadamente, ni los códigos de buena conducta, ni los órganos internos, ni mucho menos los compromisos políticos son garantías. Más bien son algo así como las maravillosas intenciones de Año Nuevo: que si vamos a ir al gimnasio todas las semanas, que si esta vez sí que nos vamos a poner serios y serias con la dieta, que de mañana no pasa que nos apuntemos a un curso de inglés… En definitiva, que los planes contra la corrupción quedan muy bien sobre papel para presentarlos en rueda de prensa a los medios de comunicación, pero otra cosa es cumplirlos.

Así que menos hablar y más hacer. Para acabar con las malas prácticas políticas y funcionariales (sin meter en el mismo saco, claro está, a todas las personas políticas y funcionarias) no hay nada como encender la luz y colgar el cartel de ‘Pasen y vean’. En la misma noticia sobre la encuesta hecha por KPMG se menciona a Norberto Bobbio y su idea de que la democracia es la gestión de lo público, en público. Y en DE PAR EN PAR no podemos estar más de acuerdo. Las administraciones públicas deben ejercer sus funciones en una caja de cristal con buena iluminación (es decir, en sus sitios web), y apostar por una transparencia en su gestión que acabe con las sospechas y los rincones en sombras. Eso sí que sería un mecanismo de control real y una señal de respeto a la ciudadanía. Lo demás, papel mojado.

¿Vaciamiento de archivos?

En la jornada Transparencia y Administración Pública celebrada en el Cabildo de Gran Canaria el pasado 14 de marzo se realizaron apuntes muy interesantes. Entre ellos, uno que realmente nos ha llamado la atención en DE PAR EN PAR es el relativo al vaciamiento de archivos.

Se dijo en esa jornada que en países con más años de experiencia que España en practicar la transparencia ocurre que los funcionarios no se atreven a realizar informes por escrito por si luego aparecen publicados en medios de comunicación. Ante este hecho, prefieren no ser del todo sinceros en sus informes o, simplemente, hacerlos de forma oral.

Los datos como este, dichos así, en frío y sin documentos ni fuentes diversas y objetivas que los avalen, son muy peligrosos. Sobre todo, porque son de los que tiran algunos y algunas para vestir de razonamiento los tijeretazos a la transparencia. Son la excusa perfecta para explicar por qué la transparencia debe ser suministrada a la sociedad en dosis muy pequeñas.

Pero hay que preguntarse lo siguiente:

1- ¿Es que las personas con responsabilidad de gobernar en las administraciones públicas españolas van a aceptar que sus funcionarios hagan informes sin dejar constancia de ellos?

2- ¿Es que el funcionariado español no se debe al interés público y no debe actuar según las leyes, sin nada que esconder?

Desde luego, es interesante analizar otras experiencias y conocer las consecuencias que podrían darse al practicar una transparencia ejemplar. Pero no solo hay que localizar los riesgos, sino también hablar de las soluciones para paliarlos en beneficio de la lucha contra la corrupción.

 

 

 

La transparencia también es diseño

Hay veces que encontrar un dato en los sitios web de las administraciones públicas es peor que buscar una aguja en un pajar. Son sitios abarrotados de áreas, servicios, colores, fotografías, títulos y subtítulos, llamamientos diversos, miles de noticias, y páginas de inicio que no terminan nunca, por mucho que bajes y bajes con el ‘ratón’.

En definitiva, hay tantos elementos juntos en esas páginas, que nada destaca. Y, peor aún, hacen perder el tiempo a los usuarios y usuarias, dificultándoles llegar adonde quieren llegar. Así que la pregunta es: ¿Es eso transparencia? En absoluto. Esos sitios web parecen tablones de anuncios universitarios donde se superponen carteles de conciertos, programas de conferencias, alquileres de pisos, intercambios de libros y apuntes, solicitudes de trabajo y miles de cosas más, igual que el tablón que acompaña este post (fotografía publicada por El País).

Así que sí, la transparencia también requiere un diseño determinado. Uno sencillo pero práctico, agradable pero sin rodeos, sin ruido que distraiga, y que en no más de tres ‘clics’ ofrezca a la ciudadanía lo que busca. En definitiva, sitios web cuyos caminos hasta la meta sean cortos y agradables paseos, y no laberintos donde nunca penetra el Sol.

Pero no solo de diseño vive la transparencia. Lean sino estas dos noticias referidas al portal de transparencia del Gobierno de Aragón: primera noticia y segunda noticia. Y es que la tecnología, la programación y el diseño son las tres patas que le faltan a la transparencia. Desafortunadamente, aún no hemos visto ni una administración que las tenga en cuenta. En DE PAR EN PAR ya estamos trabajando para demostrar que esto es posible. Porque no solo basta con asesorar sobre qué es transparencia, sino también sobre cómo ponerla en práctica a través de sitios web atractivos, accesibles, rápidos, cómodos y útiles.

Cumplir la ley no es ser transparente

Cumplir la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno no es ser transparente. Ni se le acerca. Y mucho menos sirve para combatir el fraude, las malas prácticas y la corrupción en los procesos de contratación. Afortunadamente, esta ley es de mínimos. Es decir, las administraciones públicas pueden mejorarla con sus propias normas y lograr, de una vez por todas, una transparencia real.

Y es que ¿publicar el objeto de un contrato sirve para recuperar la confianza de la sociedad en la buena gestión de las administraciones? ¿Y publicar el importe de licitación, el número de empresas que se presentan y el nombre de la adjudicataria acaba con las sospechas de corrupción en la contratación pública? No. Ni siquiera lo hace publicar si ha habido o no modificaciones de los contratos. Todo eso es insuficiente.

Hoy mismo, Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, asegura en un medio de comunicación que si la ley de transparencia hubiera estado aprobada hace años, se habrían evitado muchos casos de corrupción (vean la noticia aquí). Es de suponer que se refiere a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Sin embargo, esta norma tampoco resulta eficiente en los procesos de contratación pública.

Porque, aunque dicha ley obliga a la publicación de algún dato más que la norma nacional, como la revisión de precios y la cesión de contratos, sigue siendo deficitaria. Los procesos de contratación pública son complejos. Y lo son desde que se inician las conversaciones para poner en marcha una licitación, hasta que se ejecutan. Entre estas dos fases hay muchas decisiones que tomar, e importantísimos expedientes, informes y actas que firmar.  Sin olvidar la redacción de pliegos, las posibles consultas externas, los diferentes estudios que hay que elaborar en caso de proyectos de gran envergadura…

En definitiva, ser transparente no es cumplir la ley. La ciudadanía se merece mucho más que una docena de datos que no sirven, en absoluto, para borrar la desconfianza y la decepción, ya que solo muestran una parte insignificante de los procesos de contratación. Lo demás, lo verdaderamente importante de las licitaciones, sigue escondido tras una puerta de la que cuelga el cartel de siempre: PRIVADO.

Cuando quien gobierna es el funcionario

Romper la inercia no es fácil, y hay muchos motivos que lo explican. Por ejemplo, el esfuerzo personal que hay que hacer, el tiempo de más que hay que invertir, las reacciones que generará, el miedo al fracaso, las complicaciones inimaginables que conllevará… Por eso, cambiar de rumbo es muy complicado, sobre todo cuando el viento sopla en contra. En las administraciones públicas, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, muchos de los políticos y políticas que entraron en ellas con responsabilidad de gobernar y, lo más importante, con ganas de mejorar la calidad de vida de sus pueblos, ciudades, provincias y comunidades autónomas, ya lo han podido comprobar. A estas alturas ya saben por experiencia propia lo difícil que es transformar la rancia inercia funcionarial en esperanza y progreso para la sociedad.

Porque, amén de funcionarios y funcionarias con grandes cualidades profesionales y sentido común (que los hay, y muchos), también están los que entorpecen el trabajo de las personas que han sido elegidas por la ciudadanía para cambiar las cosas. Bien sea por sus propias convicciones conservadoras, porque les cuesta recibir la hoja de ruta de partidos políticos con poca experiencia en las instituciones, o simplemente porque no quieren trabajo extra, lo cierto es que lo único que sale de sus bocas es: “Esto no se puede hacer”. Y, por supuesto, dos de sus víctimas preferidas son las cláusulas sociales en la contratación pública y la implementación de más transparencia en la gestión.

Entonces, ¿qué pueden hacer los políticos para cumplir con las promesas de mejora social dadas a la gente? ¿rogar al funcionario? ¿conformarse con lo que hay? ¿sucumbir a las amenazas y a la presión del personal? o, por el contrario, ¿empezar a expedientar y sancionar a los que minan su mandato sin razones legales, con desobediencia, desidia, incompetencia y cobardía? Lo que está en juego es mucho. Es el bienestar común. Es la confianza que millones de personas han puesto en sus dirigentes políticos para salir del agujero de la corrupción y la desigualdad. Sí, romper con la inercia es difícil. Y acabar con ella en las administraciones públicas requiere algo muy complicado: anteponer la igualdad social al bienestar personal. Sin duda, pronto comprobaremos la solidez de los principios sociales plasmados en los programas electorales.

 

 

 

 

Puede parecerlo, pero no.

Si parece un bar, y además hay un cartel que pone café-bar, será un bar ¿no?. Pues no. Al menos así se especifica en un trozo de papel: Esto no es un bar. Tal vez sea una sociedad privada, una peña del pueblo, un club social… pero no un local abierto al público en general. ¿Entonces por qué mantienen el cartel de café-bar? ¿Porque una vez lo fue y quieren conservarlo? Yo les aconsejaría que lo colgaran dentro y los sustituyeran por otro donde se especificará qué es ese sitio exactamente. Y ya está. Asunto concluido. Ni un parroquiano ajeno más entraría por esa puerta.

En la transparencia pasa algo parecido. Hoy todas las administraciones públicas deberían tener sus sitios web rebosando transparencia. Han tenido dos años de plazo para hacerlo. Dos años para ofrecer a la ciudadanía al menos lo mínimo que marca la Ley. Pero, desgraciadamente, muchos y muchas entrarán en los sitios web de sus ayuntamientos, gobiernos, diputaciones, cabildos, consejos insulares… y comprobarán que donde tenía que haber transparencia no hay nada, o casi nada.

Y es que una cosa es hablar de transparencia, y otra es ser realmente transparente. Las deficiencias que hoy encontramos en muchos portales web pone en evidencia que, a pesar de las ruedas o notas de prensa que hayan podido hacer para anunciar sus tímidos pasos hacia a transparencia, las administraciones públicas no tienen voluntad de respetar a su ciudadanía, de tratarla como a una igual.

Ahí va un ejemplo de incumplimiento. Veamos el portal web del Ayuntamiento de Aínsa y vayamos a lo más sencillo: el organigrama. Al respecto, la ley aragonesa establece que “cuando se trate de cargos retribuidos deberán hacer constar sus datos biográficos profesionales”. Sin embargo, cuando entramos en el organigrama de dicho ayuntamiento, no consta la trayectoria profesional de ningún cargo político.

Si ocurre esto en algo como la composición de un consistorio pequeño, nos podemos imaginar la información que habrá sobre temas más delicados, como la gestión del dinero público. Definitivamente, puede parecer que las administraciones públicas son más transparentes, pero no. Algunas ni siquiera se han molestado en lavarse la cara.

 

 

Una gran iniciativa

Entren en http://www.mapadelpoderencanarias.com y echen un vistazo. Merece la pena. Lo que verán es fruto del trabajo de fin de grado de Raúl Sánchez González cuando era estudiante de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Hoy en día es un proyecto periodístico cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía información sobre quién es quién en el Archipiélago, qué intereses unen a las personas que ejercen la política con los empresarios y las empresarias de las siete islas.

Por ejemplo, si un alcalde tiene un hijo trabajando en una empresa que recibe subvenciones del Gobierno de Canarias, cuya Presidencia está en manos del partido de dicho alcalde que, además, también es uno de los cargos directivos del partido. Un lío, ya. Pero este proyecto de investigación periodística trata precisamente de eso, de desenredar nudos y dejar al descubierto conexiones que permanecían ocultas a la sociedad.

 

 

Da la cara y dime quién eres

El tiempo se echa encima y son muchas las entidades locales que deben darse prisa para tener sus portales de transparencia a punto antes del próximo 9 de diciembre (plazo marcado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su disposición final novena). Sin embargo, las prisas no son buenas, y menos aún si hacen que las administraciones públicas se copien unas a otras para acabar cuanto antes con ese trámite engorroso que, para algunas, supone la transparencia.

Comprobar la existencia de desidia en los portales de transparencia no es difícil. Basta con ‘navegar’ un poco por ellos para descubrir que muchos ni siquiera cumplen con los mínimos marcados por la legislación nacional. Un ejemplo es el al organigrama que ‘cuelgan’ algunas instituciones públicas, donde solo aparecen los nombres y apellidos de las personas con responsabilidad política y sus correos electrónicos, obviando así el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que obliga a publicar un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

Conocer a fondo la trayectoria profesional