¿Qué escondes ahí? ¡Enséñame las manos!

Podríamos decir que la transparencia responde a la pregunta ¿qué tienes ahí? o al imperativo ¡enséñame las manos!. Dos frases que suelen ir dirigidas a los niños y niñas cuando miramos sus caras de pillastres y estamos seguros, o casi, de que esconden algo que no deberían haber cogido. Ahora, estas frases las aplicamos a las administraciones públicas porque, desgraciadamente, han demostrado que, dentro de ellas, hay quienes no juegan limpio. De ahí que se haya legislado en transparencia con una ley específica (aunque se quede corta), y que otras normas también tengan articulado sobre transparencia, como es la ley de contratación pública.

Que hace falta transparencia en todas las áreas de una administración pública es un hecho. Transparencia en la contratación pública, en las subvenciones, en las reuniones y viajes de los políticos, en el urbanismo, en el patrimonio… Y esta carencia de luz en el sótano, sea cual sea el motivo, tal vez haga pensar a la sociedad que esto de la transparencia y los datos abiertos es una moda pasajera, algo así como tinta de más en los programas electorales que, por supuesto, no se tiene intención de cumplir.

¿O no?

Quizá no. Al menos, hoy hemos sabido que sigue habiendo gente en este país que se queja de la opacidad política, y, que además, se queja activamente, más allá de en el bar, tomando un cortado con los amigos. Según se ha publicado, en Castilla y León han aumentado las reclamaciones por falta de transparencia: “Las reclamaciones contra la administración local copa el primer puesto de los sectores en los que los ciudadanos ponen más reclamaciones con un 65%”, dice la noticia.

Y esto es bueno. Es bueno que haya reclamaciones y más reclamaciones de la ciudadanía, porque, a lo mejor, no es la sociedad la que piensa que la transparencia es una moda, y que ya se olvidará algún día, sino que son ciertos políticos los que creen que todo es cuestión de tiempo para volver a lo de antes.

 

 

 

 

¡Suspenso!

La ley de transparencia, y todas las demás leyes que obligan a la transparencia (como la nueva ley de contratación pública), están para… ¡incumplirlas! Así se desprende del último estudio realizado por Transparencia Internacional, que concluye que las empresas públicas están muy lejos de ser transparentes, ya que no cumplen las leyes ni de lejos. Como dato a destacar, según esta organización, las empresas públicas que han obtenido peores puntuaciones son: la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la Autoridad Portuaria de Baleares.

Hay que preguntarse si ese incumplimiento de las leyes se debe a una intención firme de apostar por la opacidad, a una desidia estructural, a la falta de medios económicos y personales, o a una mezcla de las tres cosas. Aunque, tal vez, tengamos que añadir algo más: el convencimiento de las personas gestoras de lo público están convencidas de que ser transparente no merece la pena, ya que no despierta el interés de la ciudadanía. Esta última hipótesis podría deberse a que, las entidades que han querido ser transparentes, no han visto que eso les haya dado más ‘visitas’ a sus sitios web. Una excusa esta muy peligrosa, que se equipara esta otra: ¿para qué dejar de malversar si siguen votándome legislatura tras legislatura?.

Vamos a ver si este suspenso en transparencia hace recapacitar a las empresas públicas, y se dedican en verano a recuperar el tiempo perdido para volver en septiembre con un plan de transparencia que revierta esta situación. La transparencia es una obligación, tiene mucho que ver con la honradez, la ética, y la buena gestión pública, y, sí, es posible que no dé votos ni masivas visitas a los sitios web, pero eso no puede ser una excusa.

Como asegura Armando Hernández Cruz, Magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, desde una perspectiva ética hay dos principios claves de la transparencia, y uno de ellos es la buena fe, un componente que “no debe entenderse como un simple sinónimo de buena voluntad, sino como una obligación ética del servidor público”.

 

 

 

 

Urbanismo social, sí, pero también transparente.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, apuesta por un urbanismo que mejore la vida de la ciudadanía, y, desde luego, no podemos estar más de acuerdo (http://www.noticiasdenavarra.com/2018/05/09/especiales/foro-hiria/el-urbanismo-debe-servir-para-mejorar-nuestra-vida). Sin embargo, ¿por qué no ir más allá y apostar también por la transparencia para evitar la corrupción y malas prácticas en el ámbito del urbanismo público?.

Entremos en la página web del Gobierno de Navarra o de cualquier otro gobierno español, o de cualquier otra administración, y comprobemos dos aspectos, si tenemos tiempo y ganas:

-El primer aspecto engloba las preguntas como: ¿Qué procesos urbanísticos están abiertos? ¿en qué fase se encuentran? ¿podemos acceder a los contratos, convenios y demás instrumentos urbanísticos ya ejecutados? ¿hay publicados estudios financieros, económicos y de necesidad que los avalan? ¿están publicadas las alegaciones y contestaciones a las mismas? ¿podemos acceder a toda la información sobre los promotores, sus nombres, empresas, número de proyectos urbanísticos que han firmado con la misma administración? ¿Tenemos en la web las licencias concedidas, las autorizaciones, recursos, denuncias, quejas, sentencias y nivel de ejecución de las mismas… si las hubiera? ¿Nos dicen claramente si ha habido recalificaciones y en qué consisten? ¿Qué plusvalías se han generado con el desarrollo urbanístico de un lugar? ¿Qué daños ambientales se han causado?…etc etc.

-Y el segundo aspecto es simple: ¿Cuánto tiempo hemos gastado en ‘navegar’ por el sitio web de una administración hasta dar los datos urbanísticos que buscábamos? O, siendo más realistas, ya que no vamos a encontrar ni el 2% de los datos que buscamos, ¿Cuánto tiempo hemos gastado en llegar hasta la información urbanística? ¿el camino ha sido intuitivo, rápido, fácil?.

Urbanismo de calidad y cada vez más social, sí, estamos de acuerdo, pero también transparente.

 

 

 

Perfil del contratante vs el buen diseño gráfico

El artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se queda corto en materia de transparencia. Este artículo establece los datos que las administraciones deben publicar en el Perfil del Contratante sí o sí. A partir de ahí, si quieren publicar más, pueden hacerlo. Sin embargo, el debate de si se debe publicar más o solo lo que establece el artículo 63 lo dejamos para el próximo mes. Ahora centrémonos en el diseño. Sí, el diseño.

La Plataforma de Contratación del Sector Público, y el Perfil del Contratante incluido en ella, son de difícil digestión. Quien entre ahí buscando información y transparencia puede acabar arrancándose los pelos de desesperación. Hace poco visité el palacio de Bureta y, al ver el árbol genealógico realizado por el cronista Juan Bautista Lavaña sobre los fundadores y príncipes de la monarquía española (les remito a la fotografía de este post), pensé: “esto es infumable”; “bonito, sí, pero menudo lío de ramas y ramificaciones hay aquí”. Sin embargo, este árbol genealógico no es nada comparable a la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Aunque se pueda pensar que esta plataforma es ¿cómo decirlo? el lugar de reunión entre la Administración y las empresas para tratar de lo suyo, en realidad debería ser el lugar de reunión de todas las personas que quieran entrar a ver qué está pasando con el dinero público. Y, para eso, la plataforma necesitaría de un cambio de imagen urgente, donde los caminos para llegar a la información estuvieran bien claros e iluminados, con áreas de descanso y agradables paisajes. Desgraciadamente, cambiar esta realidad es misión imposible mientras España no entre en el siglo XXI de una vez.

Por eso, tal vez la esperanza esté en los portales de transparencia y en los perfiles del contratante de los propios sitios web de las administraciones públicas que sí crean en la transparencia bien hecha, y no servida de cualquier forma. Es justamente en estos sitios donde se podría dar ejemplo de lo que hace una buena gestión de la transparencia junto con un diseño simple pero atractivo, exento de ruido y laberintos. En deparenpar.org, estamos trabajando en un proyecto con el que aspiramos a demostrar que se puede dar transparencia en la contratación sin volver loco al personal. Un reto no tan difícil para las administraciones, si quisieran. Y, claro, querer es priorizar.

1, 2, 3, 4…y hasta 27.

Hoy entra en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Es decir, que es una ley de las importantes, de esas que según se redacten pueden ser, o no, decisivas en la lucha contra la corrupción en este país. Y, como siempre decimos, qué mejor manera de ponérselo difícil a las personas que malversan dinero público que exigiendo transparencia en los contratos que adjudican las administraciones españolas. Pero transparencia a lo grande, sin miedo, sin quedarse a medio camino ni hacer demagogia con ella para engatusar al personal. Así que la pregunta es ¿hay transparencia a lo grande en esta norma?.

Bueno, para empezar, la nueva ley que estrenamos asegura que su primer objetivo es lograr una mayor transparencia en la contratación pública. Y aunque esta prioridad parece una buena noticia, lo cierto es que solo habla de “una mayor transparencia”, lo que significa que no ofrece toda la que podría. Y así es. En la mayoría de los artículos donde aparece la palabra transparencia, solo adquiere el papel de coletilla, tic, o estribillo, sin más.

Las palabras transparencia,transparentes y transparente aparecen en la nueva ley un total de 27 veces. Pocas, para una norma de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, y 16 disposiciones finales; pero esto es lo que pasa cuando se habla de cualquier cosa en términos generales, sin concretar ni tomarse lo suficientemente en serio la transparencia. Un ejemplo es el artículo 64, donde se dice que los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el procedimiento. ¿Y qué pasa si el ayuntamiento de turno no lo hace?. O ¿qué ocurre si no se cumple con el artículo 210 en materia medioambiental, social o laboral? Pues no pasa nada. Y así con otros artículos.

Poco a poco iremos analizando la nueva ley de contratación pública para ver qué nivel exacto de transparencia hay en los artículos más relevantes. Pero, como ya se ha publicado en varias ocasiones desde que el Congreso de los Diputados aprobara esta norma el pasado mes de noviembre, la ley no apuesta por la transparencia en mayúsculas.

 

 

 

 

GUÍA PARA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA LIBRE DE PARAÍSOS FISCALES

DE PAR EN PAR ha sido coautora de la “Guía para una contratación pública libre de paraísos fiscales” publicada por Oxfam-Intermón (descargar pinchando aquí).

Somos conscientes que la legislación de contratos públicos deja pocos resquicios para que las Administraciones Públicas impidan participar en las licitaciones o resultar adjudicatarias de las mismas a las empresas que practican la evasión y la elusión fiscal.

No obstante, tras un magnífico trabajo en equipo con Jesús Rodríguez Márquez, experto en derecho fiscal y tributario, hemos logrado redactar una cláusula con plenas garantías, objetiva y legal, y además establecer un sistema de comprobación y verificación de manera precisa y accesible para los órganos de contratación.

Confiamos en su utilidad y nos sumamos plenamente a las campañas de Oxfam-Intermón por una fiscalidad justa y responsable: https://www.oxfamintermon.org/minisites/zonaslibres/

La desigualdad entre las personas ricas y las pobres es extrema y sigue aumentando. Una de las soluciones para
combatir la desigualdad es una fiscalidad justa y progresiva que contribuya a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y cohesionadas. Todas las personas, ciudadanos/as y empresas tenemos que pagar
en función de nuestra capacidad económica real. Pero la evasión y elusión fiscal cuesta mucho dinero a la ciudadanía.

En España, el 72% del fraude fiscal proviene de grandes empresas y grandes fortunas. Los paraísos fiscales son el principal agujero negro por el que se pierden estos recursos. A través de ellos, desaparecen miles de millones de euros que deberían destinarse a financiar políticas sociales y servicios públicos necesarios para la ciudadanía, especialmente para las personas más vulnerables. Y también tienen otros impactos sociales negativos: destruyen empleo, agravan crisis económicas, etc.

Atajar los paraísos fiscales es una tarea y un deber de todas y de todos.

 

Los tentáculos del ladrillo (y III)

Los tentáculos corruptos del Urbanismo son alargados y trabajan de muy diferentes maneras. Por ejemplo, llenando de dinero los bolsillos de políticos, funcionarios, especuladores, y gente a la que hay que callar; manejando a su antojo las leyes; aprovechándose de la lentitud de la justicia; amenazando y chantajeando; quitando importancia a los delitos y las malas prácticas con el aval de la impunidad social y electoral; y, por supuesto, evitando la transparencia. Y es que, como dice Alejandro Nieto en Balada de la Ley y la Justicia: “Lo que aquí sucede es que detrás de la fachada del Derecho urbanístico vive y triunfa un gigantesco negocio urbanístico”.

Precisamente en este libro Nieto analiza varios casos de corrupción urbanística, entre los que destaca el que comenzó en los años 90 en Sant Cugat del Vallés (provincia de Barcelona) para facilitar a la farmacéutica alemana BIESA su instalación en el municipio. Con el fin de favorecerla, el ayuntamiento realizó una reparcelación a su medida cometiendo ilegalidades e incluyendo una permuta sospechosamente irregular para dar a BIESA “a precio de saldo” el terreno que necesitaba para construir sus laboratorios.

Todo lo que hizo el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés fue en connivencia con la Generalitat. Y a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló por dos veces cuanto hicieron estas dos instituciones públicas, ninguna rectificó. Las obras empezaron, terminaron y, para más descaro, los laboratorios fueron inaugurados por los reyes de España. “La impunidad es el mejor caldo de cultivo para la ilegalidad y la corrupción. Si el alcalde (de Sant Cugat del Vallés) ha visto cómo sus abusos no sólo eran censurados sino que eran respaldados por autoridades superiores, es explicable que no sintiera el más mínimo interés por rectificar”, dice Nieto en su libro.

En este caso de BIESA trabajaron, en mayor o menor medida, todos los tentáculos enunciados al principio, siendo uno de los más avispados el que se aprovechó de la lentitud de la justicia.

La corrupción en el urbanismo es el pan de cada día, y cada vez salen más casos a la luz, todos ellos tan complejos y opacos que son verdaderas tramas criminales. Pero, a pesar de esto, la transparencia sigue siendo la asignatura pendiente en los procesos urbanísticos, aun siendo cada vez más necesaria. Porque como dice Nieto: “El ayuntamiento provoca opacidad y con ella el desconcierto del ciudadano, al que coloca en una penosa situación de ignorancia y, por ende, de inferioridad”. Y sigue: “El ayuntamiento puede delimitar un polígono grande o pequeño, mas tiene que explicar por qué lo hace. El ayuntamiento puede incluir o excluir una determinada finca, pero ha de exponer las razones de su decisión. El ayuntamiento puede adjudicar todo el suelo industrial a un solo propietario, pero ha de justificar por qué lo ha hecho”.

 

 

La mala cara del cemento (I)

Que el urbanismo es nido permanente de la corrupción pública y las malas prácticas no lo duda nadie a estas alturas. Las modificaciones de los planeamientos, las recalificaciones del suelo, la concesión de licencias, los convenios urbanísticos… son tentaciones demasiado suculentas como para aprovecharse de ellas en beneficio propio. Sobre todo porque tienen cómplices extremadamente poderosos: leyes engorrosas y laberínticas, justicia lenta y permisiva, instituciones públicas que no cumplen sentencias.

El cemento tiene muchas malas caras, sí, y entre ellas la firma de convenios convenientemente consensuados entre las administraciones públicas y los promotores para repartir beneficios ilícitos. Por este motivo, hoy destacamos la enorme barrera a la que se enfrenta la sociedad para participar en el proceso de la formalización de convenios.

Para empezar, vamos a recordar que ya el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que la ciudadanía tiene derecho a “participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate”.

Sin embargo, para que la sociedad pueda ejercer este derecho tiene que conocer, a priori, todos los datos relacionados. Desgraciadamente, la Ley de Transparencia no establece la obligatoriedad de publicarlos antes de su aprobación. Tan solo en su artículo 8 determina que se deben publicar los convenios suscritos (aquí no nombra convenios urbanísticos, sino convenios en general), con las partes firmantes, el objeto, el plazo de duración, las modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y las obligaciones convenidas. Es decir, se pueden publicar los convenios a toro pasado y solo con unos pocos datos.

En definitiva, la transparencia, sin ser la varita mágica que todo lo puede, debe aplicarse igualmente en los convenios urbanísticos, abriendo la participación ciudadana de par en par, demostrando así que no hay nada que esconder.

 

 

 

 

 

NUEVA WEB DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Os presentamos uno de nuestros últimos trabajos: www.contratacionpublicaresponsable.org

Desde DE PAR EN PAR hemos elaborado de manera íntegra y exclusiva todos los contenidos. Y la elegancia del diseño es mérito de CODEK STUDIO.

Su objetivo no es otro que el de facilitar la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales. Y para este encargo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria ideamos un sistema intuitivo y comprensible de “Cortar, Pegar y Adaptar” la cláusula más adecuada, siempre por supuesto con plenas garantías jurídicas y prácticas.

Estamos muy satisfechas con el resultado y consideramos que se trata de una herramienta que hacía falta: un compendio de cláusulas, de legislación, de instrucciones y acuerdos, de noticias, de guías y de enlaces sobre contratación pública responsable.WELL

Esperamos que puedan aprovecharla el mayor número posible de entidades sociales y administraciones públicas. Nuestro único enriquecimiento en derechos de autor (y el más satisfactorio) será el que puedan facilitar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

“¿Y si contraatacamos con transparencia absoluta?”

A la hora de la verdad, transparencia la justa. Esta es la máxima de casi todas las personas con responsabilidad de gobernar en las instituciones públicas españolas. Por una parte, el ejercicio de honestidad que deben hacer las que llevan siglos en la política tiene tantas consecuencias incómodas, que son muy pocas las que se atreven a dar el paso, a empezar de cero, a hacer borrón y cuenta nueva. Y por otra, las que llegan de nuevas a la Administración se encuentran con tantos impedimentos, tanta desidia e inercia, que tampoco son capaces de sacar fuerzas de su inexperiencia para cambiar las cosas.

Pero está claro que si se quiere avanzar en transparencia solo es posible tomando decisiones y llevándolas a la práctica, moleste a quien moleste, incluso si a quien se molesta es a uno mismo o a una misma. Así de sencillo… y de complicado. Porque para llevarlas a la práctica se necesitan políticos y políticas que no solo sean valientes, sino también inteligentes, buenos estrategas, y que se crean de verdad que la ciudadanía tiene derecho a controlar a sus gobernantes. Más o menos como Birgitte Nyborg, la protagonista de Borgen, esa serie política de culto que tanto ha encandilado a la gente. Al contrario de lo que pasa en las administraciones públicas españolas, la máxima de esa Primera Ministra danesa de ficción es: “¿Y si contraatacamos con transparencia absoluta? (…). Que esté todo disponible en la web”.

Ojalá esta idea saltara de la pantalla y se convirtiera en realidad. En DEPARENPAR.ORG estamos convencidos de que ese es el camino a seguir.