Los tentáculos del ladrillo (y III)

Los tentáculos corruptos del Urbanismo son alargados y trabajan de muy diferentes maneras. Por ejemplo, llenando de dinero los bolsillos de políticos, funcionarios, especuladores, y gente a la que hay que callar; manejando a su antojo las leyes; aprovechándose de la lentitud de la justicia; amenazando y chantajeando; quitando importancia a los delitos y las malas prácticas con el aval de la impunidad social y electoral; y, por supuesto, evitando la transparencia. Y es que, como dice Alejandro Nieto en Balada de la Ley y la Justicia: “Lo que aquí sucede es que detrás de la fachada del Derecho urbanístico vive y triunfa un gigantesco negocio urbanístico”.

Precisamente en este libro Nieto analiza varios casos de corrupción urbanística, entre los que destaca el que comenzó en los años 90 en Sant Cugat del Vallés (provincia de Barcelona) para facilitar a la farmacéutica alemana BIESA su instalación en el municipio. Con el fin de favorecerla, el ayuntamiento realizó una reparcelación a su medida cometiendo ilegalidades e incluyendo una permuta sospechosamente irregular para dar a BIESA “a precio de saldo” el terreno que necesitaba para construir sus laboratorios.

Todo lo que hizo el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés fue en connivencia con la Generalitat. Y a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló por dos veces cuanto hicieron estas dos instituciones públicas, ninguna rectificó. Las obras empezaron, terminaron y, para más descaro, los laboratorios fueron inaugurados por los reyes de España. “La impunidad es el mejor caldo de cultivo para la ilegalidad y la corrupción. Si el alcalde (de Sant Cugat del Vallés) ha visto cómo sus abusos no sólo eran censurados sino que eran respaldados por autoridades superiores, es explicable que no sintiera el más mínimo interés por rectificar”, dice Nieto en su libro.

En este caso de BIESA trabajaron, en mayor o menor medida, todos los tentáculos enunciados al principio, siendo uno de los más avispados el que se aprovechó de la lentitud de la justicia.

La corrupción en el urbanismo es el pan de cada día, y cada vez salen más casos a la luz, todos ellos tan complejos y opacos que son verdaderas tramas criminales. Pero, a pesar de esto, la transparencia sigue siendo la asignatura pendiente en los procesos urbanísticos, aun siendo cada vez más necesaria. Porque como dice Nieto: “El ayuntamiento provoca opacidad y con ella el desconcierto del ciudadano, al que coloca en una penosa situación de ignorancia y, por ende, de inferioridad”. Y sigue: “El ayuntamiento puede delimitar un polígono grande o pequeño, mas tiene que explicar por qué lo hace. El ayuntamiento puede incluir o excluir una determinada finca, pero ha de exponer las razones de su decisión. El ayuntamiento puede adjudicar todo el suelo industrial a un solo propietario, pero ha de justificar por qué lo ha hecho”.

 

 

La mala cara del cemento (I)

Que el urbanismo es nido permanente de la corrupción pública y las malas prácticas no lo duda nadie a estas alturas. Las modificaciones de los planeamientos, las recalificaciones del suelo, la concesión de licencias, los convenios urbanísticos… son tentaciones demasiado suculentas como para aprovecharse de ellas en beneficio propio. Sobre todo porque tienen cómplices extremadamente poderosos: leyes engorrosas y laberínticas, justicia lenta y permisiva, instituciones públicas que no cumplen sentencias.

El cemento tiene muchas malas caras, sí, y entre ellas la firma de convenios convenientemente consensuados entre las administraciones públicas y los promotores para repartir beneficios ilícitos. Por este motivo, hoy destacamos la enorme barrera a la que se enfrenta la sociedad para participar en el proceso de la formalización de convenios.

Para empezar, vamos a recordar que ya el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que la ciudadanía tiene derecho a “participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate”.

Sin embargo, para que la sociedad pueda ejercer este derecho tiene que conocer, a priori, todos los datos relacionados. Desgraciadamente, la Ley de Transparencia no establece la obligatoriedad de publicarlos antes de su aprobación. Tan solo en su artículo 8 determina que se deben publicar los convenios suscritos (aquí no nombra convenios urbanísticos, sino convenios en general), con las partes firmantes, el objeto, el plazo de duración, las modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y las obligaciones convenidas. Es decir, se pueden publicar los convenios a toro pasado y solo con unos pocos datos.

En definitiva, la transparencia, sin ser la varita mágica que todo lo puede, debe aplicarse igualmente en los convenios urbanísticos, abriendo la participación ciudadana de par en par, demostrando así que no hay nada que esconder.

 

 

 

 

 

NUEVA WEB DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Os presentamos uno de nuestros últimos trabajos: www.contratacionpublicaresponsable.org

Desde DE PAR EN PAR hemos elaborado de manera íntegra y exclusiva todos los contenidos. Y la elegancia del diseño es mérito de CODEK STUDIO.

Su objetivo no es otro que el de facilitar la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales. Y para este encargo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria ideamos un sistema intuitivo y comprensible de “Cortar, Pegar y Adaptar” la cláusula más adecuada, siempre por supuesto con plenas garantías jurídicas y prácticas.

Estamos muy satisfechas con el resultado y consideramos que se trata de una herramienta que hacía falta: un compendio de cláusulas, de legislación, de instrucciones y acuerdos, de noticias, de guías y de enlaces sobre contratación pública responsable.WELL

Esperamos que puedan aprovecharla el mayor número posible de entidades sociales y administraciones públicas. Nuestro único enriquecimiento en derechos de autor (y el más satisfactorio) será el que puedan facilitar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

“¿Y si contraatacamos con transparencia absoluta?”

A la hora de la verdad, transparencia la justa. Esta es la máxima de casi todas las personas con responsabilidad de gobernar en las instituciones públicas españolas. Por una parte, el ejercicio de honestidad que deben hacer las que llevan siglos en la política tiene tantas consecuencias incómodas, que son muy pocas las que se atreven a dar el paso, a empezar de cero, a hacer borrón y cuenta nueva. Y por otra, las que llegan de nuevas a la Administración se encuentran con tantos impedimentos, tanta desidia e inercia, que tampoco son capaces de sacar fuerzas de su inexperiencia para cambiar las cosas.

Pero está claro que si se quiere avanzar en transparencia solo es posible tomando decisiones y llevándolas a la práctica, moleste a quien moleste, incluso si a quien se molesta es a uno mismo o a una misma. Así de sencillo… y de complicado. Porque para llevarlas a la práctica se necesitan políticos y políticas que no solo sean valientes, sino también inteligentes, buenos estrategas, y que se crean de verdad que la ciudadanía tiene derecho a controlar a sus gobernantes. Más o menos como Birgitte Nyborg, la protagonista de Borgen, esa serie política de culto que tanto ha encandilado a la gente. Al contrario de lo que pasa en las administraciones públicas españolas, la máxima de esa Primera Ministra danesa de ficción es: “¿Y si contraatacamos con transparencia absoluta? (…). Que esté todo disponible en la web”.

Ojalá esta idea saltara de la pantalla y se convirtiera en realidad. En DEPARENPAR.ORG estamos convencidos de que ese es el camino a seguir.

 

El funcionariado también puede emprender

Hace días, el actor español Antonio Banderas afirmaba en una entrevista lo siguiente: “Con un 75% de gente que quiere ser funcionaria no se hace país. Se hace país con gente que se la juega”. El actor se posicionaba así a favor de las personas con espíritu emprendedor y en contra de las que solo aspiran a ser funcionarias.

Y es que en España ser funcionario o funcionaria es, todavía, sinónimo de inmovilismo, desidia, e incluso amargura. No vamos a ocultar que en el trabajo de asesoramiento en cláusulas sociales y transparencia que DE PAR EN PAR desarrolla en las administraciones públicas nos hemos encontrado con funcionarios y funcionarias paralizados y que paralizan. De hecho, os remito a este post en el que dejábamos constancia de esta experiencia.

Sin embargo, y al hilo de la opinión de Antonio Banderas, afirmamos que el funcionariado también puede emprender. Emprender desde dentro, desde las administraciones en las que trabajan, para, de esta forma, poder cambiarlas y sacudirlas hasta que no quede en ellas ni una mota de ese vetusto polvo que las empaña.

En DE PAR EN PAR no creemos que ser funcionario o funcionaria esté reñido con el emprendimiento. Es cierto que cambiar las cosas en las administraciones requiere mucho trabajo, valentía, y un sentido del servicio público muy arraigado, pero es posible.

Afortunadamente, dentro del cuerpo funcionarial de este país conocemos a personas con ese afán emprendedor. Con esas ganas de luchar para hacer que la gestión pública sea ejemplar; que la transparencia sea real, y no un mero titular para lograr votos; y que la contratación socialmente responsable sea una rutina, no una excepción.

 

 

El lenguaje también debe ser transparente

La falta de transparencia que ejercen las administraciones públicas (ya sea deliberadamente o por desidia o miedo) no solo afecta a asuntos tan importantes como la contratación, el reparto de subvenciones o la gestión de los servicios públicos. Esa falta de transparencia también se da en el lenguaje que se utiliza para redactar leyes, normas, reglamentos, planes, pliegos, y demás documentos públicos.

En DE PAR EN PAR entendemos que para ciertas personas con responsabilidad política resulte apabullante que ahora les vengan con que la transparencia no es cumplir con los cuatro datos que les indica la ley, sino que deben hacer mucho más, como por ejemplo una puesta a punto en tecnología y diseño web y elaborar documentos con un lenguaje llano.

Pero desde aquí les animamos a que lo intenten. No es complicado. Solo es cuestión de principios: ¿crees realmente en la transparencia? ¿respetas de verdad el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas de tu ciudad o pueblo? ¿apuestas por hacer accesible la información de una manera clara? Si has respondido sí a estas cuestiones, empieza a hacerlo.

Ponemos como ejemplo una gran iniciativa de la Diputación de Bizkaia, con la ayuda de Lectura Fácil Euskadi, que consiste en adaptar el lenguaje de los textos normativos a uno que lo entienda todo el mundo. Esta administración ha empezado por transformar la Norma Foral de Transparencia (Ver aquí la noticia) en un documento inteligible para un segmento de la población hasta ahora olvidado. Porque, ¿de qué sirve publicar información si esta no es comprensible para todas las personas? Desde aquí felicitamos a la Diputación de Bizcaia por esta determinación, y animamos a otras administraciones a que sigan su ejemplo.

Que se haga la luz

‘El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas’ elaborado por KPMG revela que el 62% de las personas con responsabilidad pública encuestadas asegura que sus respectivas administraciones tienen mecanismos para prevenir y detectar comportamientos corruptos. Unas dicen que en sus administraciones hay órganos de control interno, otras aseguran que lo que tienen son códigos de buena conducta o de buen gobierno, y el tercer grupo indica que con lo que cuentan es con el compromiso de sus jefes y jefas contra el fraude en la gestión de lo público. (VER NOTICIA AQUÍ)

Desgraciadamente, ni los códigos de buena conducta, ni los órganos internos, ni mucho menos los compromisos políticos son garantías. Más bien son algo así como las maravillosas intenciones de Año Nuevo: que si vamos a ir al gimnasio todas las semanas, que si esta vez sí que nos vamos a poner serios y serias con la dieta, que de mañana no pasa que nos apuntemos a un curso de inglés… En definitiva, que los planes contra la corrupción quedan muy bien sobre papel para presentarlos en rueda de prensa a los medios de comunicación, pero otra cosa es cumplirlos.

Así que menos hablar y más hacer. Para acabar con las malas prácticas políticas y funcionariales (sin meter en el mismo saco, claro está, a todas las personas políticas y funcionarias) no hay nada como encender la luz y colgar el cartel de ‘Pasen y vean’. En la misma noticia sobre la encuesta hecha por KPMG se menciona a Norberto Bobbio y su idea de que la democracia es la gestión de lo público, en público. Y en DE PAR EN PAR no podemos estar más de acuerdo. Las administraciones públicas deben ejercer sus funciones en una caja de cristal con buena iluminación (es decir, en sus sitios web), y apostar por una transparencia en su gestión que acabe con las sospechas y los rincones en sombras. Eso sí que sería un mecanismo de control real y una señal de respeto a la ciudadanía. Lo demás, papel mojado.

¿Vaciamiento de archivos?

En la jornada Transparencia y Administración Pública celebrada en el Cabildo de Gran Canaria el pasado 14 de marzo se realizaron apuntes muy interesantes. Entre ellos, uno que realmente nos ha llamado la atención en DE PAR EN PAR es el relativo al vaciamiento de archivos.

Se dijo en esa jornada que en países con más años de experiencia que España en practicar la transparencia ocurre que los funcionarios no se atreven a realizar informes por escrito por si luego aparecen publicados en medios de comunicación. Ante este hecho, prefieren no ser del todo sinceros en sus informes o, simplemente, hacerlos de forma oral.

Los datos como este, dichos así, en frío y sin documentos ni fuentes diversas y objetivas que los avalen, son muy peligrosos. Sobre todo, porque son de los que tiran algunos y algunas para vestir de razonamiento los tijeretazos a la transparencia. Son la excusa perfecta para explicar por qué la transparencia debe ser suministrada a la sociedad en dosis muy pequeñas.

Pero hay que preguntarse lo siguiente:

1- ¿Es que las personas con responsabilidad de gobernar en las administraciones públicas españolas van a aceptar que sus funcionarios hagan informes sin dejar constancia de ellos?

2- ¿Es que el funcionariado español no se debe al interés público y no debe actuar según las leyes, sin nada que esconder?

Desde luego, es interesante analizar otras experiencias y conocer las consecuencias que podrían darse al practicar una transparencia ejemplar. Pero no solo hay que localizar los riesgos, sino también hablar de las soluciones para paliarlos en beneficio de la lucha contra la corrupción.

 

 

 

La transparencia también es diseño

Hay veces que encontrar un dato en los sitios web de las administraciones públicas es peor que buscar una aguja en un pajar. Son sitios abarrotados de áreas, servicios, colores, fotografías, títulos y subtítulos, llamamientos diversos, miles de noticias, y páginas de inicio que no terminan nunca, por mucho que bajes y bajes con el ‘ratón’.

En definitiva, hay tantos elementos juntos en esas páginas, que nada destaca. Y, peor aún, hacen perder el tiempo a los usuarios y usuarias, dificultándoles llegar adonde quieren llegar. Así que la pregunta es: ¿Es eso transparencia? En absoluto. Esos sitios web parecen tablones de anuncios universitarios donde se superponen carteles de conciertos, programas de conferencias, alquileres de pisos, intercambios de libros y apuntes, solicitudes de trabajo y miles de cosas más, igual que el tablón que acompaña este post (fotografía publicada por El País).

Así que sí, la transparencia también requiere un diseño determinado. Uno sencillo pero práctico, agradable pero sin rodeos, sin ruido que distraiga, y que en no más de tres ‘clics’ ofrezca a la ciudadanía lo que busca. En definitiva, sitios web cuyos caminos hasta la meta sean cortos y agradables paseos, y no laberintos donde nunca penetra el Sol.

Pero no solo de diseño vive la transparencia. Lean sino estas dos noticias referidas al portal de transparencia del Gobierno de Aragón: primera noticia y segunda noticia. Y es que la tecnología, la programación y el diseño son las tres patas que le faltan a la transparencia. Desafortunadamente, aún no hemos visto ni una administración que las tenga en cuenta. En DE PAR EN PAR ya estamos trabajando para demostrar que esto es posible. Porque no solo basta con asesorar sobre qué es transparencia, sino también sobre cómo ponerla en práctica a través de sitios web atractivos, accesibles, rápidos, cómodos y útiles.

Cumplir la ley no es ser transparente

Cumplir la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno no es ser transparente. Ni se le acerca. Y mucho menos sirve para combatir el fraude, las malas prácticas y la corrupción en los procesos de contratación. Afortunadamente, esta ley es de mínimos. Es decir, las administraciones públicas pueden mejorarla con sus propias normas y lograr, de una vez por todas, una transparencia real.

Y es que ¿publicar el objeto de un contrato sirve para recuperar la confianza de la sociedad en la buena gestión de las administraciones? ¿Y publicar el importe de licitación, el número de empresas que se presentan y el nombre de la adjudicataria acaba con las sospechas de corrupción en la contratación pública? No. Ni siquiera lo hace publicar si ha habido o no modificaciones de los contratos. Todo eso es insuficiente.

Hoy mismo, Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, asegura en un medio de comunicación que si la ley de transparencia hubiera estado aprobada hace años, se habrían evitado muchos casos de corrupción (vean la noticia aquí). Es de suponer que se refiere a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Sin embargo, esta norma tampoco resulta eficiente en los procesos de contratación pública.

Porque, aunque dicha ley obliga a la publicación de algún dato más que la norma nacional, como la revisión de precios y la cesión de contratos, sigue siendo deficitaria. Los procesos de contratación pública son complejos. Y lo son desde que se inician las conversaciones para poner en marcha una licitación, hasta que se ejecutan. Entre estas dos fases hay muchas decisiones que tomar, e importantísimos expedientes, informes y actas que firmar.  Sin olvidar la redacción de pliegos, las posibles consultas externas, los diferentes estudios que hay que elaborar en caso de proyectos de gran envergadura…

En definitiva, ser transparente no es cumplir la ley. La ciudadanía se merece mucho más que una docena de datos que no sirven, en absoluto, para borrar la desconfianza y la decepción, ya que solo muestran una parte insignificante de los procesos de contratación. Lo demás, lo verdaderamente importante de las licitaciones, sigue escondido tras una puerta de la que cuelga el cartel de siempre: PRIVADO.