EMPLEO DE PERSONAS DE LA PROPIA LOCALIDAD A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento gaditano de San Fernando llevará a pleno cuatro cláusulas sociales que buscan emplear a personas desempleadas de la propia localidad. “… Valoramos que la situación de desempleo es el problema más grave de la ciudad y el que nos preocupa diariamente”, aseguró el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez.

La propuesta plantea cuatro medidas: una reserva de mercado para entidades sin ánimo de lucro que tengan como fin la inserción laboral. Que la generación de empleo suponga un criterio con igual baremación que la oferta económica. Una obligación por la que se deberá contratar a un porcentaje mínimo de desempleados entre los planes de inserción municipales. Y por último incorporar en el objeto del contrato la creación de empleo en la ciudad.

El responsable de Desarrollo Económico dejó claro que estas condiciones no menoscaban los principios de transparencia, libre concurrencia y no discriminación que rigen estos procesos administrativos y que poseen sustento jurídico suficiente.

No obstante, el grupo municipal del PP se opuso a las mismas poniendo de manifiesto su ilegalidad.

En DE PAR EN PAR nos gusta mojarnos y sobre todo en una cuestión que consideramos de suma importancia, pues resulta obvio que con el dinero de un Ayuntamiento se beneficie a sus vecinos y vecinas, de forma que las obras, servicios y suministros que se contratan con el presupuesto municipal sirvan para paliar el desempleo en la propia localidad. Defendemos por lo tanto la legalidad de la medida, y lo hacemos desde un punto de vista no sólo teleológico sino estrictamene jurídico en base a los siguientes razonamientos:

  1. Primero debemos acotar la posible vulneración de principios de la contratación pública. Las Directivas Comunitarias -al igual que la legislación nacional- de contratos públicos se refieren en todo momento a la libre concurrencia, igualdad de trato o libre competencia para las empresas, por lo que si establecemos una obligación idéntica para todos los licitadores, exigiendo la contratación de personas de la propia localidad no existe vulneración, pues todas las empresas parten en igualdad de condiciones.
  2. Por lo tanto, lo que se hallaría en entredicho es la vulneración del principio de libre circulación de las personas. Y en este sentido debe destacarse que la normativa de contratos públicos se refieren a la libre concurrencia de empresas, pero no realizan ni una sola mención a la libre circulación de personas, lo que manifiesta cuál es el objetivo de la legislación nacional y comunitaria de contratos públicos.
  3. Además, advertimos de la paradoja respecto a que la totalidad de administraciones públicas establecen beneficios para sus habitantes: desde la entrada a museos o las piscinas, el acceso a viviendas de protección oficial, al sistema escolar, o la percepción de subsidios o servicios sociales. Nadie se plantea que estas acciones públicas de fomento en el marco de unas competencias que les son propias y en beneficio de sus administrados resulten discriminatorias, por lo que del mismo modo es incongruente establecer tal conclusión sobre el ámbito de las personas beneficiadas de la contratación pública.
  4. Pero incluso hechas las precisiones antedichas, podemos establecer un sistema con el que asegurarnos que no se producirá ninguna conculcación del principio de libre circulación. La fórmula que proponemos y que se utiliza de forma habitual consiste en que en ningún momento en los pliegos se haga referencia a que se deberán contratar a personas nacidas en X, o empadronadas en X, o con nacionalidad X.
  5. El sistema que hemos planteado siempre desde DE PAR EN PAR y ha sido aprobado y muchas veces aplicado (Avilés, Castellón, Barcelona, Mallorca), supone que los pliegos señalen que la empresa adjudicataria deberá contratar a un número determinado de personas, que serán preseleccionadas a través de un organismo municipal (Servicios Sociales, un programa de empleo determinado, o la Agencia de Desarrollo Local), siempre y cuando para estar inscritas no se exija el empadronamiento o residencia (si no fuera así debiera cambiarse dicho requisito).
  6. De este modo, se respeta la libre circulación de personas, y la no discriminación de las mismas, ni menos aún la libre concurrencia e igualdad de las empresas. Pero simultáneamente logramos por la vía de los hechos que las personas preseleccionadas serán personas desempleadas de la localidad y alcanzamos el objetivo propuesto.

 

POR FIN MADRID DANDO EJEMPLO

Fotografía: Amanecer en Madrid. De Alberto Triano.

Se trata de una excelente noticia que el primer y mayor ayuntamiento de España se ponga por fin al frente de la implantación de cláusulas sociales y lo haga de forma decidida.

El equipo de DE PAR EN PAR llevamos más de diez años asesorando e implantando cláusulas sociales en más de veinte administraciones públicas y nunca en este tiempo hemos leído una noticia relevante o conocido una experiencia interesante que provenga de la capital madrileña.

Celebramos la dicha aunque sea tarde y también que hayamos sido invitados a impartir una conferencia sobre cláusulas sociales el día 7 de octubre de 2015. Esta jornada sobre contratación pública responsable, se dirige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y participarán los concejales Guillermo Zapata Romero y Carlos Sánchez Mato (Delegado de Economía y Hacienda). Del mismo modo impartiremos un taller sobre cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres el día 22 de octubre. Esperamos que sea el inicio de una bonita colaboración…

Retomando el anuncio del Gobierno municipal, valoramos de forma muy positiva el Decreto de 23 de septiembre de 2015 que deroga uno anterior sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación y cuyo fin en palabras de la Alcaldesa Manuela Carmena “es conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad,estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha expresado: “esto significa que vamos a apreciar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.

Enlaces:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/23/madrid/1443002557_543498.html

http://diarioresponsable.com/empresas/noticias/22085-rse-llega-la-contratacion-publica-responsable-a-madrid.html

LA GENERALITAT VALENCIANA EXIGIRÁ CLÁUSULAS SOCIALES

La Conselleria de Transparencia trabaja en la inclusión de forma transversal de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública para fomentar la “responsabilidad social de las empresas en un nuevo pacto ciudadano”. Así lo anunció el pasado 29 de septiembre la vicepresidenta, Mónica Oltra, refiriéndose a cláusulas sobre planes de igualdad, paridad en órganos de dirección, salarios justos, políticas de inclusión, la consideración de la huella ecológica y no usar materiales provenientes de la explotación infantil.

Celebramos sin duda este anuncio y compartimos su argumentación, pues las cláusulas sociales deben suponer un cambio de paradigma en las relaciones entre administraciones, empresas y ciudadanía. No sólo importa el fin (el bien común) sino que es fundamental el camino (la co-responsabilidad social, fruto de la colaboración entre todas las partes).

De igual modo cabe destacar la idea de transversalidad, pues las cláusulas sociales deben impregnar toda la acción pública y afectar a todas las áreas de gobierno y órganos de contratación. Por último resulta imprescindible el liderazgo y la voluntad política, respecto a lo cual debemos celebrar que la Vicepresidenta se ponga a la cabeza en el impulso de las cláusulas sociales.

Enlaces a la noticia:

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150929/54437739889/la-generalitat-exigira-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica.html#ixzz3nP5xzH00

http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/7036885/09/15/La-Generalitat-reforzara-las-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-y-hara-una-reforma-fiscal.html#.Kku8unqOAu1qVu4

 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: ¿A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA?

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció el pasado 17 de septiembre la “aprobación de un nuevo modelo de contratación pública que introduzca cláusulas sociales, y que partiendo de la responsabilidad social de la administración alcance a las empresas contratistas, con un objetivo claro: primar la rentabilidad social antes que la económica”. 

En el modelo que esbozó se apuesta activar a las empresas de inserción social y fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión, y afirmó que la Delegación de Empleo está trabajando en la redacción un pliego de cláusulas sociales y administrativas.

Este anuncio nos sirve para recordar que Sevilla fue pionera en este ámbito, aprobando en abril de 2007 un “Pliego de Cláusulas Administrativas de Calidad Social”, que era de inclusión obligatoria en todos sus contratos… y que nunca se aplicó.

No es el único caso, y así DEPARENPAR trabajó en su día en el Acuerdo del Gobierno Vasco de 2008 sobre cláusulas sociales que nunca se ha puesto en práctica, al igual que las instrucciones de los Ayuntamientos de Jaén o Irún que padecieron el mismo recorrido: no pasar de las palabras (el texto legal) a los hechos (los pliegos y los resultados). En efecto, no basta con redactar y aprobar una norma sobre cláusulas sociales sino que se requiere el impulso político e involucrar al personal técnico para convertir a la contratación socialmente responsable en parte de la gestión pública.

Aprendamos las lecciones, y si es preciso cambiemos el plan o la estrategia, pero no la meta.

EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA INCLUIRÁ CLÁUSULAS SOCIALES EN SUS CONTRATOS

El Ayuntamiento de Murcia, se suma a la contratación pública socialmente responsable. En palabras de la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz: “el Ayuntamiento de Murcia va a promover y fomentar la contratación responsable, incorporando cláusulas sociales en los contratos con la administración, convirtiéndose así en un referente en esta materia”.

Así lo explicó durante el acto promovido por la Fundación ONCE Y FSC Inserta, con el fin de sensibilizar a las personas sobre las discapacidades sociales, desde la convicción que “la creación de empleo es uno de los factores más eficaces para luchar contra la exclusión social y es nuestra prioridad”.

La aplicación de esas estos requisitos sociales que complementan el trabajo que se está realizando desde empresas de inserción social y ONG´s, “es compatible con los principios generales de los contratos de la Administración Social, de igualdad y libertades de prestación de servicios”, ha incidido Ruiz.

Desde DEPARENPAR animamos al Ayuntamiento a ampliar el alcance de las cláusulas sociales, incluyendo a otras personas en situación o riesgo de exclusión social, así como políticas de género, de calidad en el empleo, de desarrollo local o de comercio justo.

 

UNANIMIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN A LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Siempre hemos defendido que las cláusulas sociales no son patrimonio ideológico de nadie sino una política con resultados demostrados y un beneficio social indudable que todo equipo de gobierno debiera asumir por el bien común, e incluso por pura eficiencia de los presupuestos públicos.

Por esta razón, celebramos que en el mes de agosto se hayan puesto de acuerdo los seis grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón (Foro, PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos), formalizando el compromiso de toda la Corporación con la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos.

Los objetivos se centrarán en fomentar desde la contratación municipal la incorporación al empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores que hacen obras o servicios al Ayuntamiento a través de firmas privadas. La concejala de Hacienda, Organización Municipal y Empleo, Ana Braña, presentará a los grupos un informe en el plazo de tres meses.

En la nota de prensa del Ayuntamiento se alude a que el modelo más cercano a seguir es el del Ayuntamiento de Avilés. Desde DE PAR EN PAR recordamos con absoluto cariño esta Instrucción, pues no sólo fue el primer trabajo integral de estas características que realizamos, sino que obtuvo muy diversos reconocimientos (incluso a nivel europeo), fue la primera aprobada en toda España y supuso un antes y un después en la Contratación Pública Socialmente Responsable, marcando el camino para todas las que vinieron después en nuestro país.

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EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA IMPLANTARÁ CLÁUSULAS SOCIALES

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia se ha fijado como reto la incorporación progresiva de criterios sociales en los contratos de obras, servicios y suministros.

El compromiso fue asumido por Consol Castillo, concejala de Bienestar Social, quien explicó que bajo el paraguas de la normativa de contratos públicos se pueden aplicar muy diversas temáticas y requisitos en los procesos de licitación pública.

Entre las prioridades se encuentra la contratación de parados de larga duración, así como a personas en riesgo de exclusión social. Las empresas que empleen a parados de larga duración, maltratadas o personas discapacitadas tendrán ventaja en la puntuación como los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. La concejal subrayó que “de esta manera se ofrece un trabajo a esas personas, se integran en el mercado laboral y dejan por lo tanto de representar un gasto”.

Nos congratula comprobar cómo parte del texto y el argumento de presentación de la noticia ha sido extraído de nuestras publicaciones, y esperamos sin duda que nuestros trabajos previos les resulten de utilidad.

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MÁS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA NUEVA DIRECTIVA DE CONTRATOS PÚBLICOS

El artículo 20 amplía los contratos reservados a las Empresas de Inserción.

El artículo 67 y los Considerandos 45, 93 y 99, señalan de forma inequívoca la legalidad de los criterios sociales de adjudicación.

Se regulan de forma específica los servicios sociales, por importe inferior a 750.000 euros (arts. 74 y 4.d), lo que amplía notablemente el marco de selección de licitadores y la inclusión de criterios de adjudicación.

Prevé expresamente que se puedan reservar contratos de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social (art. 77).

Ofrece absoluta garantía jurídica a la posibilidad de exigir el cumplimiento de convenios colectivos y garantizar unos mínimos laborales y salariales (art. 18, Considerandos 37, 39 y 105).

Regula claramente la posibilidad de exigir etiquetas sociales y ecológicas como sistema de solvencia técnica, como criterios de adjudicación y como condiciones de ejecución (art. 43).

Novedades e Implicaciones Nueva Directiva de Contratos Públicos