UNANIMIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN A LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Siempre hemos defendido que las cláusulas sociales no son patrimonio ideológico de nadie sino una política con resultados demostrados y un beneficio social indudable que todo equipo de gobierno debiera asumir por el bien común, e incluso por pura eficiencia de los presupuestos públicos.

Por esta razón, celebramos que en el mes de agosto se hayan puesto de acuerdo los seis grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón (Foro, PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos), formalizando el compromiso de toda la Corporación con la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos.

Los objetivos se centrarán en fomentar desde la contratación municipal la incorporación al empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores que hacen obras o servicios al Ayuntamiento a través de firmas privadas. La concejala de Hacienda, Organización Municipal y Empleo, Ana Braña, presentará a los grupos un informe en el plazo de tres meses.

En la nota de prensa del Ayuntamiento se alude a que el modelo más cercano a seguir es el del Ayuntamiento de Avilés. Desde DE PAR EN PAR recordamos con absoluto cariño esta Instrucción, pues no sólo fue el primer trabajo integral de estas características que realizamos, sino que obtuvo muy diversos reconocimientos (incluso a nivel europeo), fue la primera aprobada en toda España y supuso un antes y un después en la Contratación Pública Socialmente Responsable, marcando el camino para todas las que vinieron después en nuestro país.

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EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA IMPLANTARÁ CLÁUSULAS SOCIALES

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia se ha fijado como reto la incorporación progresiva de criterios sociales en los contratos de obras, servicios y suministros.

El compromiso fue asumido por Consol Castillo, concejala de Bienestar Social, quien explicó que bajo el paraguas de la normativa de contratos públicos se pueden aplicar muy diversas temáticas y requisitos en los procesos de licitación pública.

Entre las prioridades se encuentra la contratación de parados de larga duración, así como a personas en riesgo de exclusión social. Las empresas que empleen a parados de larga duración, maltratadas o personas discapacitadas tendrán ventaja en la puntuación como los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. La concejal subrayó que “de esta manera se ofrece un trabajo a esas personas, se integran en el mercado laboral y dejan por lo tanto de representar un gasto”.

Nos congratula comprobar cómo parte del texto y el argumento de presentación de la noticia ha sido extraído de nuestras publicaciones, y esperamos sin duda que nuestros trabajos previos les resulten de utilidad.

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MÁS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA NUEVA DIRECTIVA DE CONTRATOS PÚBLICOS

El artículo 20 amplía los contratos reservados a las Empresas de Inserción.

El artículo 67 y los Considerandos 45, 93 y 99, señalan de forma inequívoca la legalidad de los criterios sociales de adjudicación.

Se regulan de forma específica los servicios sociales, por importe inferior a 750.000 euros (arts. 74 y 4.d), lo que amplía notablemente el marco de selección de licitadores y la inclusión de criterios de adjudicación.

Prevé expresamente que se puedan reservar contratos de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social (art. 77).

Ofrece absoluta garantía jurídica a la posibilidad de exigir el cumplimiento de convenios colectivos y garantizar unos mínimos laborales y salariales (art. 18, Considerandos 37, 39 y 105).

Regula claramente la posibilidad de exigir etiquetas sociales y ecológicas como sistema de solvencia técnica, como criterios de adjudicación y como condiciones de ejecución (art. 43).

Novedades e Implicaciones Nueva Directiva de Contratos Públicos