EL DÍA DE LA MARMOTA: LAS CLÁUSULAS SOCIALES SON LEGALES.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha sentenciado que las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas son plenamente legales y no vulneran la normativa de contratos públicos.

El fallo tiene su origen en el recurso presentado por la Asociación de Compañías de Seguridad Privada contra una licitación que valoraba a quienes aplicasen el Convenio Colectivo Estatal, ofrecieran formación continua, o facilitasen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ver noticia completa.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de enero que los concursos públicos para la adjudicación de contratos incorporen diferentes criterios sociales de adjudicación, así como condiciones sociales de ejecución, sobre diversas temáticas: políticas de igualdad, estabilidad en el empleo, condiciones laborales o la accesibilidad y el diseño para todas las personas.

El Tribunal argumenta que dichos criterios respetan los principios de igualdad y no discriminación,  y ahonda en que la legislación nacional y comunitaria contemplan expresa y detalladamente la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

El titular de esta entrada pretende ser irónico (lograrlo es otra cuestión), y es que desde DE PAR EN PAR nos parece que esta sentencia no deja de resultar un déjá vu: podríamos citar incontables sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo o de Tribunales Superiores de Justicia. O podemos hacer algo tan simple como leernos el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o echarle un vistazo a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

Exceptuando que alguna cláusula haya sido mal planteada o redactada, en la jurisprudencia y en la legislación podremos comprobar su plena legalidad y el hecho de que paso a paso, la contratación pública socialmente responsable está abandonando su carácter voluntario o discrecional para convertirse en obligatorio. Sirvan como ejemplos las numerosas leyes, acuerdos o instrucciones de cláusulas sociales aprobadas por diversas Administraciones Públicas, o la reciente Ley 31/2015, por la que la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción es preceptiva y deben fijarse unos mínimos de reserva.

El día de la marmota y el bostezo consiguiente se produce cuando todavía es necesario argumentar y batallar con muchas personas de servicios jurídicos, de secretaría o de intervención, que siguen repitiendo el sonsonete de los años ochenta respecto a que las cláusulas sociales no son legales. O las infinitas ocasiones en las que muchos cargos públicos nos cuentan que han tratado de incorporar cláusulas sociales en sus contratación pública, y sus servicios jurídicos se lo impiden con el erróneo -cuando no malicioso- argumento de que son ilegales.

Pero en serio: ¿todavía hoy en día alguien considera abusivo, ilegal o discriminatorio que se respete un convenio colectivo, o que se contrate a personas desempleadas en riesgo de exclusión, o que se cumpla la Ley General de personas con discapacidad, o que se fomente la igualdad entre mujeres y hombres?

Con todos los respetos: si alguien lo desea que continúe viviendo en el día de la marmota, pero por favor, permitan que los demás sigamos desarrollando y mejorando el guión y la interesante trama que tenemos por delante.

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PARAÍSOS FISCALES

Este verano pasado en DE PAR EN PAR realizamos un trabajo de los que hacen ilusión: Oxfam-Intermón nos encargó buscar la vía legal para que el sector público no contrate con aquellas empresas que operan en paraísos fiscales. Se trata de un tema con largo recorrido de trabajo en diversos frentes, pero para el que no hallaba la fórmula jurídica precisa.

El razonamiento esInforme Oxfam Intermón fácil de entender, pues quienes eluden el pago de impuestos incurren en una manifiesta competencia desleal respecto a las empresas honestas (¿qué fue del principio de libre concurrencia?), socavan la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, se burlan de quienes sí lo hacemos, y por supuesto, practican una escandalosa falta de ética.

Por citar unos datos: 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales a través de 810 empresas fantasma, y Oxfam-Intermón cifra la evasión fiscal en 59.000 millones de euros anualPF-y-El-Roto3es. Casi nada.

Sin embargo, lo que nos parece obvio no lo es en absoluto para la normativa de contratación pública, y nos costó -aunque lo logramos- encontrar un encaje jurídico adecuado. Así, el planteamiento propuesto combina medidas de transparencia (información fiscal de las empresas licitadoras) con la propia mecánica de licitación (prohibiciones para contratar y condiciones de ejecución).

Ahora proponemos su aplicación a las distintas Administraciones Públicas con las que estamos trabajando y nuestro deseo es que estas cláusulas vayan poniéndose encima de la mesa (de las mesas de contratación en concreto).
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A raíz del informe, el pasado 9 de diciembre tuvimos el gusto de reunirnos y explicar las posibilidades aplicativas al grupo de personas que está promoviendo este tema en Navarra, con el liderazgo de Intermón. Su intención es proponer en el Parlamento una modificación de la Ley de Contratos Públicos de Navarra en este sentido. Para lo que quieran estaremos a su disposición.

 

CON CLÁUSULAS SOCIALES Y A LO LOCO

En estas últimas semanas abundan las noticias referidas a Administraciones Públicas que anuncian la intención de aplicar cláusulas sociales en sus contratos públicos. Entre otras, podemos citar (pinchar para ver enlaces) las del Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Huesca, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cádiz, o el Gobierno de Aragón.

Podríamos añadir también aquellas con las que DE PAR EN PAR está trabajando o nos han solicitado propuestas para la implementación de cláusulas sociales con criterios de transparencia, como son el Consejo Insular de Ibiza, el Ayuntamiento de Barcelona, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de las Islas Baleares o el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

No cabe ninguna duda que tras varios años en los que las cláusulas sociales han carecido de impulso y ambición, estamos ahora asistiendo a una cierta generalización de las mismas. El hecho en sí es motivo de alegría y nuestro punto de partida es el de celebrar que por fin nuestros Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas se den cuenta de su indiscutible eficacia.

No obstante, el título de este post anticipa una advertencia: mucho cuidado con la forma, el alcance y el contenido en que se incluyen en las licitaciones las cláusulas sociales, pues un mal desarrollo o una impugnación jurídica puede sentar pésimos precedentes e indudables lastres. En ocasiones basta un titular o un recurso para que se agarren a él los detractores y agoreros de la contratación pública socialmente responsable.

Al respecto, aconsejamos tanto no quedarse cortos como no excederse, elegir las temáticas sociales de forma cuidadosa, adaptar las cláusulas a las características de los contratos, convencer y vencer las resistencias de Secretaría e Intervención, incorporar indicadores y verificadores, establecer cláusulas objetivas o aritméticas, acompañarlas de sistemas de transparencia máxima, realizar procesos participativos, o modificar el perfil del contratante para otorgar la máxima difusión a las cláusulas sociales.

La experiencia, conocimiento y trayectoria de DE PAR EN PAR está al servicio de aquellas personas e instituciones que consideren que la sociedad se merece una contratación pública social y transparente.

CABILDO DE LA PALMA. CLÁUSULAS SOCIALES Y DIVERSIDAD POLÍTICA.

El 11 de noviembre el equipo de DE PAR EN PAR tuvimos la ocasión de impartir dos talleres sobre cláusulas sociales en el Salón de Plenos del Cabildo de La Palma. Por la mañana la sesión estuvo dirigida a cargos públicos y a técnicos y técnicas, tanto del propio Cabildo como de los catorce ayuntamientos de la isla. En la sesión de la tarde el contenido y la asistencia se centró en las entidades sociales, con especial presencia de organizaciones que trabajan en los ámbitos de la inserción laboral para personas con discapacidad y en situación de exclusión social.

Cabildo de La PalmaEn esta entrada nos gustaría abordar una cuestión y responder a una pregunta que a menudo nos suelen plantear: ¿las cláusulas sociales son de un partido o una ideología determinada?

Y para hacerlo vamos a utilizar el ejemplo del Cabildo de la Palma y las respuestas suscitadas por diversos grupos políticos a raíz del taller impartido.

La primera reacción es la del propio equipo de gobierno: el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la Consejera de Asuntos Sociales Jovita Monterrey, asistieron al taller y mostraron gran interés, pertenecen al Grupo Socialista y está abierta la posibilidad de una colaboración para asesorar un proceso de implantación de cláusulas sociales.

Nada más terminar el taller,miembros de Podemos, que forma parte del Grupo Mixto, como Olivia Fernández o Rodri Laiz se interesaron mucho por las cláusulas sociales y nos formularon diversas preguntas.

Y también asistieron miembros del Grupo Popular, que precisamente en 2011, cuando gobernaban en el Cabildo presentaron y aprobaron una moción para la implantación de las cláusulas sociales que finalmente no se llevó adelante. Antes del taller tuvimos la ocasión de charlar con María Rosa de Haro, y a los pocos días conocimos a través de la prensa que Carlos Javier Cabrera reclamaba al Cabildo “la incorporación real de cláusulas sociales en los contratos de obras, suministros y servicios, ya que están permitidas expresamente por la ley”.

Dicho esto, la cuestión planteada se responde por sí sola: las cláusulas sociales no son patrimonio de ningún partido ni ideología. Por el contrario, desde DE PAR EN PAR siempre apostamos por el máximo consenso político, no sólo porque es la mejor manera de garantizar su continuidad, sino por el hecho cierto de que las cláusulas sociales son indudablemente eficientes y beneficiosas para la ciudadanía, por lo tanto lo extraño sería que alguien se posicione en contra suya.

INDISPAL II TALLER CABILDO

TALLER CABILDO

 

EMPLEO DE PERSONAS DE LA PROPIA LOCALIDAD A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento gaditano de San Fernando llevará a pleno cuatro cláusulas sociales que buscan emplear a personas desempleadas de la propia localidad. “… Valoramos que la situación de desempleo es el problema más grave de la ciudad y el que nos preocupa diariamente”, aseguró el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez.

La propuesta plantea cuatro medidas: una reserva de mercado para entidades sin ánimo de lucro que tengan como fin la inserción laboral. Que la generación de empleo suponga un criterio con igual baremación que la oferta económica. Una obligación por la que se deberá contratar a un porcentaje mínimo de desempleados entre los planes de inserción municipales. Y por último incorporar en el objeto del contrato la creación de empleo en la ciudad.

El responsable de Desarrollo Económico dejó claro que estas condiciones no menoscaban los principios de transparencia, libre concurrencia y no discriminación que rigen estos procesos administrativos y que poseen sustento jurídico suficiente.

No obstante, el grupo municipal del PP se opuso a las mismas poniendo de manifiesto su ilegalidad.

En DE PAR EN PAR nos gusta mojarnos y sobre todo en una cuestión que consideramos de suma importancia, pues resulta obvio que con el dinero de un Ayuntamiento se beneficie a sus vecinos y vecinas, de forma que las obras, servicios y suministros que se contratan con el presupuesto municipal sirvan para paliar el desempleo en la propia localidad. Defendemos por lo tanto la legalidad de la medida, y lo hacemos desde un punto de vista no sólo teleológico sino estrictamene jurídico en base a los siguientes razonamientos:

  1. Primero debemos acotar la posible vulneración de principios de la contratación pública. Las Directivas Comunitarias -al igual que la legislación nacional- de contratos públicos se refieren en todo momento a la libre concurrencia, igualdad de trato o libre competencia para las empresas, por lo que si establecemos una obligación idéntica para todos los licitadores, exigiendo la contratación de personas de la propia localidad no existe vulneración, pues todas las empresas parten en igualdad de condiciones.
  2. Por lo tanto, lo que se hallaría en entredicho es la vulneración del principio de libre circulación de las personas. Y en este sentido debe destacarse que la normativa de contratos públicos se refieren a la libre concurrencia de empresas, pero no realizan ni una sola mención a la libre circulación de personas, lo que manifiesta cuál es el objetivo de la legislación nacional y comunitaria de contratos públicos.
  3. Además, advertimos de la paradoja respecto a que la totalidad de administraciones públicas establecen beneficios para sus habitantes: desde la entrada a museos o las piscinas, el acceso a viviendas de protección oficial, al sistema escolar, o la percepción de subsidios o servicios sociales. Nadie se plantea que estas acciones públicas de fomento en el marco de unas competencias que les son propias y en beneficio de sus administrados resulten discriminatorias, por lo que del mismo modo es incongruente establecer tal conclusión sobre el ámbito de las personas beneficiadas de la contratación pública.
  4. Pero incluso hechas las precisiones antedichas, podemos establecer un sistema con el que asegurarnos que no se producirá ninguna conculcación del principio de libre circulación. La fórmula que proponemos y que se utiliza de forma habitual consiste en que en ningún momento en los pliegos se haga referencia a que se deberán contratar a personas nacidas en X, o empadronadas en X, o con nacionalidad X.
  5. El sistema que hemos planteado siempre desde DE PAR EN PAR y ha sido aprobado y muchas veces aplicado (Avilés, Castellón, Barcelona, Mallorca), supone que los pliegos señalen que la empresa adjudicataria deberá contratar a un número determinado de personas, que serán preseleccionadas a través de un organismo municipal (Servicios Sociales, un programa de empleo determinado, o la Agencia de Desarrollo Local), siempre y cuando para estar inscritas no se exija el empadronamiento o residencia (si no fuera así debiera cambiarse dicho requisito).
  6. De este modo, se respeta la libre circulación de personas, y la no discriminación de las mismas, ni menos aún la libre concurrencia e igualdad de las empresas. Pero simultáneamente logramos por la vía de los hechos que las personas preseleccionadas serán personas desempleadas de la localidad y alcanzamos el objetivo propuesto.

 

POR FIN MADRID DANDO EJEMPLO

Fotografía: Amanecer en Madrid. De Alberto Triano.

Se trata de una excelente noticia que el primer y mayor ayuntamiento de España se ponga por fin al frente de la implantación de cláusulas sociales y lo haga de forma decidida.

El equipo de DE PAR EN PAR llevamos más de diez años asesorando e implantando cláusulas sociales en más de veinte administraciones públicas y nunca en este tiempo hemos leído una noticia relevante o conocido una experiencia interesante que provenga de la capital madrileña.

Celebramos la dicha aunque sea tarde y también que hayamos sido invitados a impartir una conferencia sobre cláusulas sociales el día 7 de octubre de 2015. Esta jornada sobre contratación pública responsable, se dirige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y participarán los concejales Guillermo Zapata Romero y Carlos Sánchez Mato (Delegado de Economía y Hacienda). Del mismo modo impartiremos un taller sobre cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres el día 22 de octubre. Esperamos que sea el inicio de una bonita colaboración…

Retomando el anuncio del Gobierno municipal, valoramos de forma muy positiva el Decreto de 23 de septiembre de 2015 que deroga uno anterior sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación y cuyo fin en palabras de la Alcaldesa Manuela Carmena “es conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad,estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y que tenga muy en cuenta, además de estos criterios, la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo”.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha expresado: “esto significa que vamos a apreciar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo; la inserción sociolaboral y la diversidad funcional; políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio”.

Enlaces:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/23/madrid/1443002557_543498.html

http://diarioresponsable.com/empresas/noticias/22085-rse-llega-la-contratacion-publica-responsable-a-madrid.html

LA GENERALITAT VALENCIANA EXIGIRÁ CLÁUSULAS SOCIALES

La Conselleria de Transparencia trabaja en la inclusión de forma transversal de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública para fomentar la “responsabilidad social de las empresas en un nuevo pacto ciudadano”. Así lo anunció el pasado 29 de septiembre la vicepresidenta, Mónica Oltra, refiriéndose a cláusulas sobre planes de igualdad, paridad en órganos de dirección, salarios justos, políticas de inclusión, la consideración de la huella ecológica y no usar materiales provenientes de la explotación infantil.

Celebramos sin duda este anuncio y compartimos su argumentación, pues las cláusulas sociales deben suponer un cambio de paradigma en las relaciones entre administraciones, empresas y ciudadanía. No sólo importa el fin (el bien común) sino que es fundamental el camino (la co-responsabilidad social, fruto de la colaboración entre todas las partes).

De igual modo cabe destacar la idea de transversalidad, pues las cláusulas sociales deben impregnar toda la acción pública y afectar a todas las áreas de gobierno y órganos de contratación. Por último resulta imprescindible el liderazgo y la voluntad política, respecto a lo cual debemos celebrar que la Vicepresidenta se ponga a la cabeza en el impulso de las cláusulas sociales.

Enlaces a la noticia:

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150929/54437739889/la-generalitat-exigira-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica.html#ixzz3nP5xzH00

http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/7036885/09/15/La-Generalitat-reforzara-las-clausulas-sociales-en-la-contratacion-publica-y-hara-una-reforma-fiscal.html#.Kku8unqOAu1qVu4

 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: ¿A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA?

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció el pasado 17 de septiembre la “aprobación de un nuevo modelo de contratación pública que introduzca cláusulas sociales, y que partiendo de la responsabilidad social de la administración alcance a las empresas contratistas, con un objetivo claro: primar la rentabilidad social antes que la económica”. 

En el modelo que esbozó se apuesta activar a las empresas de inserción social y fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión, y afirmó que la Delegación de Empleo está trabajando en la redacción un pliego de cláusulas sociales y administrativas.

Este anuncio nos sirve para recordar que Sevilla fue pionera en este ámbito, aprobando en abril de 2007 un “Pliego de Cláusulas Administrativas de Calidad Social”, que era de inclusión obligatoria en todos sus contratos… y que nunca se aplicó.

No es el único caso, y así DEPARENPAR trabajó en su día en el Acuerdo del Gobierno Vasco de 2008 sobre cláusulas sociales que nunca se ha puesto en práctica, al igual que las instrucciones de los Ayuntamientos de Jaén o Irún que padecieron el mismo recorrido: no pasar de las palabras (el texto legal) a los hechos (los pliegos y los resultados). En efecto, no basta con redactar y aprobar una norma sobre cláusulas sociales sino que se requiere el impulso político e involucrar al personal técnico para convertir a la contratación socialmente responsable en parte de la gestión pública.

Aprendamos las lecciones, y si es preciso cambiemos el plan o la estrategia, pero no la meta.

EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA INCLUIRÁ CLÁUSULAS SOCIALES EN SUS CONTRATOS

El Ayuntamiento de Murcia, se suma a la contratación pública socialmente responsable. En palabras de la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz: “el Ayuntamiento de Murcia va a promover y fomentar la contratación responsable, incorporando cláusulas sociales en los contratos con la administración, convirtiéndose así en un referente en esta materia”.

Así lo explicó durante el acto promovido por la Fundación ONCE Y FSC Inserta, con el fin de sensibilizar a las personas sobre las discapacidades sociales, desde la convicción que “la creación de empleo es uno de los factores más eficaces para luchar contra la exclusión social y es nuestra prioridad”.

La aplicación de esas estos requisitos sociales que complementan el trabajo que se está realizando desde empresas de inserción social y ONG´s, “es compatible con los principios generales de los contratos de la Administración Social, de igualdad y libertades de prestación de servicios”, ha incidido Ruiz.

Desde DEPARENPAR animamos al Ayuntamiento a ampliar el alcance de las cláusulas sociales, incluyendo a otras personas en situación o riesgo de exclusión social, así como políticas de género, de calidad en el empleo, de desarrollo local o de comercio justo.