NUEVA WEB DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Os presentamos uno de nuestros últimos trabajos: www.contratacionpublicaresponsable.org

Desde DE PAR EN PAR hemos elaborado de manera íntegra y exclusiva todos los contenidos. Y la elegancia del diseño es mérito de CODEK STUDIO.

Su objetivo no es otro que el de facilitar la aplicación de las cláusulas sociales y ambientales. Y para este encargo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria ideamos un sistema intuitivo y comprensible de “Cortar, Pegar y Adaptar” la cláusula más adecuada, siempre por supuesto con plenas garantías jurídicas y prácticas.

Estamos muy satisfechas con el resultado y consideramos que se trata de una herramienta que hacía falta: un compendio de cláusulas, de legislación, de instrucciones y acuerdos, de noticias, de guías y de enlaces sobre contratación pública responsable.WELL

Esperamos que puedan aprovecharla el mayor número posible de entidades sociales y administraciones públicas. Nuestro único enriquecimiento en derechos de autor (y el más satisfactorio) será el que puedan facilitar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

LAS CCAA SE PONEN LAS PILAS CON LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Hasta la fecha, las iniciativas sobre cláusulas sociales que abordaban su inclusión en la contratación pública con carácter preceptivo, habían tenido su origen en administraciones públicas de ámbito municipal (Avilés, Castellón, Barcelona, Madrid, Donostia, Vitoria, Sevilla, Valencia, etcétera).

Dicha afirmación pudiera ser matizada por los casos del País Vasco (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2008), Navarra (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos), Aragón (Ley 3/2011, de 24 de febrero), o Castilla y León (Acuerdo 59/2012, de 26 de julio). Pero en todos estos casos, se trata de acuerdos o normativas parciales o insuficientes, en algún caso meramente voluntariosa, o incluso inaplicada.

Por lo tanto, parecía que las Comunidades Autónomas seguían viendo las cláusulas sociales desde la mirilla y sin que existiera una voluntad firme y decidida por abrir la puerta y dejar pasar a la Contratación Pública Socialmente Responsable con carácter general y reglado.

Pero por fortuna este panorama ha cambiado. Baleares ha sido la primera y en DE PAR EN PAR estamos muy orgullosos de haber participado intensamente en ese proceso, de haber prestado nuestra experiencia y colaboración, y sobre todo del resultado. Así, el pasado 28 de abril, se aprobó el Acuerdo de Cláusulas Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, siendo presentado por la presidenta Francina Armengol, junto a los consellers de Asuntos Sociales y Empleo, Fina Santiago y Yago Negueruela. Ver noticia Diario de Mallorca.

Además, en DE PAR EN PAR, estamos también trabajando y prestando nuestra asistencia técnica al Gobierno de Canarias para la elaboración de una norma de cláusulas sociales que deberá aplicarse en los contratos públicos de la administración autonómica. La apuesta política es muy clara y así lo ha manifestado la propia Vicepresidenta del Gobierno Patricia Hernández. Ver noticia El Día. Hemos comenzado con acciones de formación para más de un centenar de personas y ahora debemos coordinar y dirigir un trabajo transversal entre diferentes áreas, con el objetivo puesto en la mejor de las normas posibles: con plenas garantías jurídicas y con el máximo alcance social.

Sin duda, cabe celebrar que las Comunidades Autónomas se sumen a las cláusulas sociales – al igual que Diputaciones, Consells y Cabildos insulares-, no solo por su importancia cuantitativa, sino por el efecto tractor y referencial que ejercen sobre los municipios de sus respectivos territorios. Y es que, sumar nos gusta, pero multiplicar nos encanta (1+1=3).

NO SABÍAMOS QUE ERA IMPOSIBLE, ASÍ QUE LO HICIMOS.

Dedicado a Luisa García Solar, Pilar Varela, Ana Riesgo y Quini Gómez.

El pasado 8 de abril, con motivo de la celebración de una Jornada sobre compra y responsabilidad social pública, la prensa recogió el siguiente titular: “Avilés, referencia nacional en las cláusulas sociales de los contratos públicos”.

No pude asistir pero me hubiera encantado, y sentí verdadera nostalgia, ya que mi trayectoria profesional tiene sentido precisamente gracias al Ayuntamiento de Avilés. Así que, si me permitís, voy a contar una batallita: Sicilia, 1932. Ah no, perdón, Avilés año 2008, llevaba cuatro años dedicándome a las cláusulas sociales pero el trabajo se limitaba a impartir formación, disertar en conferencias y, todo lo más, asesorar en alguna licitación aislada. Ninguna Administración Pública se atrevía a ir más allá, y dotarse de una norma para que las cláusulas sociales se incluyeran de forma reglada en todos los contratos.

¿He dicho ninguna? Noooo, una tribu de astures, con mujeres y hombres valerosos decide desafiar al imperio de la contratación pública y cambiar su curso. Nos dijeron que era imposible, nos dijeron que era ilegal, nos advirtieron que se recurriría, pero exploramos todas las posibilidades, pisamos tierra firme, batallamos con secretaría e intervención, y logramos llegar adonde nadie en este país había lo había hecho en contratación pública socialmente responsable.

La única forma de conocer los límites de lo posible era explorarlos y adentrarse en ellos, así lo hicimos.

Y sí, en efecto era posible, en estos años Avilés ha incorporado cláusulas sociales en 122 contratos y logrado que 336 personas con dificultades accedan al empleo. El modelo de Avilés ha sido reproducido por más de un centenar de Administraciones Públicas (incluidos los Ayuntamientos de Madrid o Barcelona), y también reconocido en el exterior, con distinciones en la Conferencia Europea de Responsabilidad Social, finalista en los premios BP de la Unión Europa a la Innovación en la Administración Pública u obteniedo el premio Guangzhou a la Innovación Urbana en China.

Volvemos a 2016, han pasado ocho años, y cada semana saltan noticias de acuerdos municipales, iniciativas, mociones, normas o instrucciones de cláusulas sociales. Aunque no hayamos participado en la redacción de todas ellas, lo que importa y es cierto es que todas se han inspirado en Avilés, y en todas ellas se puede reconocer cláusulas o párrafos enteros que han reproducido esa primera Instrucción que se redactó y aprobó en España.

Sólo cabe una mayor satisfacción que la de producir efectos sociales: multiplicarlos.

Santiago Lesmes Zabalegui.

Responsable de cláusulas sociales en DE PAR EN PAR.

DE PAR EN PAR ELABORA LA NORMA DE CLÁUSULAS SOCIALES CON TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

El pasado 23 de febrero, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció en su intervención en el Pleno, que desde la Consejería de Políticas Sociales se está elaborando una normativa específica de cláusulas sociales de obligado cumplimiento para la contratación pública de la Comunidad Autónoma.

“Paralelamente -añadió- se están redactando los criterios de transparencia que se aplicarán a cada una de las cláusulas sociales que se van a incorporar a la mencionada Norma“.

Precisamente, éste es uno de los trabajos al que nos estamos dedicando con ilusión desde DE PAR EN PAR: la redacción de un proyecto de Norma de cláusulas sociales, que será objeto de trabajo conjunto con los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y que deberá estar aprobada para el mes de junio.

Además, existe una coordinación con el Instituto Canario de Administración Pública para impartir formación -en Tenerife y Gran Canaria-, sobre cláusulas sociales y transparencia. Y por último realizaremos la incorporación de los sistemas de transparencia, adaptaremos los pliegos de cláusulas administrativas  y propondremos una modificación del perfil del contratante para adaptarlo a una máxima transparencia y a la inclusión de las cláusulas sociales.

TODOS Y TODAS GANAMOS CON LOS CONTRATOS PÚBLICOS SOCIALMENTE RESPONSABLES

Entrevista que hemos realizado para Canal Extremadura, y cuyo titular es que todas y todos ganamos con las cláusulas sociales:

http://www.canalextremadura.es/portada/actualidad/santiago-lesmes-con-los-contratos-publicos-socialmente-responsables-todos-ganan
La entrevista ha sido realizada a raíz del Acuerdo de 23 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno la Junta de Extremadura para incorporar cláusulas sociales en la contratación pública, con la finalidad de “orientar la política económica” y que plantea un cuádruple objetivo:

1. Facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública.

2. Garantizar el respeto a los derechos laborales y a los convenios colectivos, la promoción del empleo a personas “con dificultades de acceso al mercado de trabajo” y de la seguridad y la salud laboral.

3. Proteger el medio ambiente y mejorar la sostenibilidad ambiental.

4. Impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Leer mas: http://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-extremadura-incorpora-clausulas-sociales-contratacion-publica-20160223134652.html

 

EL DÍA DE LA MARMOTA: LAS CLÁUSULAS SOCIALES SON LEGALES.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha sentenciado que las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas son plenamente legales y no vulneran la normativa de contratos públicos.

El fallo tiene su origen en el recurso presentado por la Asociación de Compañías de Seguridad Privada contra una licitación que valoraba a quienes aplicasen el Convenio Colectivo Estatal, ofrecieran formación continua, o facilitasen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ver noticia completa.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de enero que los concursos públicos para la adjudicación de contratos incorporen diferentes criterios sociales de adjudicación, así como condiciones sociales de ejecución, sobre diversas temáticas: políticas de igualdad, estabilidad en el empleo, condiciones laborales o la accesibilidad y el diseño para todas las personas.

El Tribunal argumenta que dichos criterios respetan los principios de igualdad y no discriminación,  y ahonda en que la legislación nacional y comunitaria contemplan expresa y detalladamente la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

El titular de esta entrada pretende ser irónico (lograrlo es otra cuestión), y es que desde DE PAR EN PAR nos parece que esta sentencia no deja de resultar un déjá vu: podríamos citar incontables sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo o de Tribunales Superiores de Justicia. O podemos hacer algo tan simple como leernos el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o echarle un vistazo a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

Exceptuando que alguna cláusula haya sido mal planteada o redactada, en la jurisprudencia y en la legislación podremos comprobar su plena legalidad y el hecho de que paso a paso, la contratación pública socialmente responsable está abandonando su carácter voluntario o discrecional para convertirse en obligatorio. Sirvan como ejemplos las numerosas leyes, acuerdos o instrucciones de cláusulas sociales aprobadas por diversas Administraciones Públicas, o la reciente Ley 31/2015, por la que la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción es preceptiva y deben fijarse unos mínimos de reserva.

El día de la marmota y el bostezo consiguiente se produce cuando todavía es necesario argumentar y batallar con muchas personas de servicios jurídicos, de secretaría o de intervención, que siguen repitiendo el sonsonete de los años ochenta respecto a que las cláusulas sociales no son legales. O las infinitas ocasiones en las que muchos cargos públicos nos cuentan que han tratado de incorporar cláusulas sociales en sus contratación pública, y sus servicios jurídicos se lo impiden con el erróneo -cuando no malicioso- argumento de que son ilegales.

Pero en serio: ¿todavía hoy en día alguien considera abusivo, ilegal o discriminatorio que se respete un convenio colectivo, o que se contrate a personas desempleadas en riesgo de exclusión, o que se cumpla la Ley General de personas con discapacidad, o que se fomente la igualdad entre mujeres y hombres?

Con todos los respetos: si alguien lo desea que continúe viviendo en el día de la marmota, pero por favor, permitan que los demás sigamos desarrollando y mejorando el guión y la interesante trama que tenemos por delante.

LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL GOVERN BALEAR DEBERÁN CUMPLIR CLÁUSULAS SOCIALES.

El Govern Balear, a través del conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha anunciado -después de reunirse hoy con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT- que se exigirán cláusulas sociales a las empresas licitadoras de los contratos públicos del Govern. (Ver enlace a noticia).

En DE PAR EN PAR ya lo sabíamos, y no es que seamos adivinos, sino que desde el pasado mes estamos trabajando en la propuesta de un Acuerdo de Gobierno para la incorporación de cláusulas sociales, que además vendrá acompañada de sistemas de transparencia y verificadores.

Sentimos una gran responsabilidad con un trabajo como éste: el Gobierno de las Islas Baleares realizó 4.040 contratos el ejercicio pasado, y el presupuesto de 2016 contempla (Capítulo 2 de adquisición de bienes y servicios; y Capítulo 6 de inversiones) 687 millones de euros destinados a contratación pública.

Pero no, no es el volumen económico en sí lo que nos interesa, sino su impacto en la cohesión y la igualdad social. De este modo lo que imaginamos es que esos cuatro mil contratos y esos seiscientos ochenta y siete millones de euros van a ser utilizados para que todas las empresas cumplan con la obligación de emplear a personas con discapacidad; que todas las empresas licitadores deberán respetar los convenios colectivos y los derechos laborales; que se acreditará el cumplimiento de los derechos humanos en los suministros; que se impedirá que las empresas adjudicatarias tributen en paraísos fiscales.

Del mismo modo, se valorarán las propuestas en materia de comercio justo, de igualdad de mujeres y hombres, de inclusión laboral de colectivos desfavorecidos, de subcontratación de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, o la calidad social y las políticas de responsabilidad social aplicadas a la ejecución contractual.

La contratación pública nos demuestra que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, y nuestra apuesta es muy clara: las políticas sociales deben formar parte intrínseca de cualquier euro de dinero público, y además, debemos dotarnos de un sistema de transparencia en la contratación que evite cualquier sospecha y posibilidad de corrupción política.

 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PARAÍSOS FISCALES

Este verano pasado en DE PAR EN PAR realizamos un trabajo de los que hacen ilusión: Oxfam-Intermón nos encargó buscar la vía legal para que el sector público no contrate con aquellas empresas que operan en paraísos fiscales. Se trata de un tema con largo recorrido de trabajo en diversos frentes, pero para el que no hallaba la fórmula jurídica precisa.

El razonamiento esInforme Oxfam Intermón fácil de entender, pues quienes eluden el pago de impuestos incurren en una manifiesta competencia desleal respecto a las empresas honestas (¿qué fue del principio de libre concurrencia?), socavan la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, se burlan de quienes sí lo hacemos, y por supuesto, practican una escandalosa falta de ética.

Por citar unos datos: 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales a través de 810 empresas fantasma, y Oxfam-Intermón cifra la evasión fiscal en 59.000 millones de euros anualPF-y-El-Roto3es. Casi nada.

Sin embargo, lo que nos parece obvio no lo es en absoluto para la normativa de contratación pública, y nos costó -aunque lo logramos- encontrar un encaje jurídico adecuado. Así, el planteamiento propuesto combina medidas de transparencia (información fiscal de las empresas licitadoras) con la propia mecánica de licitación (prohibiciones para contratar y condiciones de ejecución).

Ahora proponemos su aplicación a las distintas Administraciones Públicas con las que estamos trabajando y nuestro deseo es que estas cláusulas vayan poniéndose encima de la mesa (de las mesas de contratación en concreto).
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A raíz del informe, el pasado 9 de diciembre tuvimos el gusto de reunirnos y explicar las posibilidades aplicativas al grupo de personas que está promoviendo este tema en Navarra, con el liderazgo de Intermón. Su intención es proponer en el Parlamento una modificación de la Ley de Contratos Públicos de Navarra en este sentido. Para lo que quieran estaremos a su disposición.

 

CON CLÁUSULAS SOCIALES Y A LO LOCO

En estas últimas semanas abundan las noticias referidas a Administraciones Públicas que anuncian la intención de aplicar cláusulas sociales en sus contratos públicos. Entre otras, podemos citar (pinchar para ver enlaces) las del Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Huesca, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cádiz, o el Gobierno de Aragón.

Podríamos añadir también aquellas con las que DE PAR EN PAR está trabajando o nos han solicitado propuestas para la implementación de cláusulas sociales con criterios de transparencia, como son el Consejo Insular de Ibiza, el Ayuntamiento de Barcelona, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de las Islas Baleares o el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

No cabe ninguna duda que tras varios años en los que las cláusulas sociales han carecido de impulso y ambición, estamos ahora asistiendo a una cierta generalización de las mismas. El hecho en sí es motivo de alegría y nuestro punto de partida es el de celebrar que por fin nuestros Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas se den cuenta de su indiscutible eficacia.

No obstante, el título de este post anticipa una advertencia: mucho cuidado con la forma, el alcance y el contenido en que se incluyen en las licitaciones las cláusulas sociales, pues un mal desarrollo o una impugnación jurídica puede sentar pésimos precedentes e indudables lastres. En ocasiones basta un titular o un recurso para que se agarren a él los detractores y agoreros de la contratación pública socialmente responsable.

Al respecto, aconsejamos tanto no quedarse cortos como no excederse, elegir las temáticas sociales de forma cuidadosa, adaptar las cláusulas a las características de los contratos, convencer y vencer las resistencias de Secretaría e Intervención, incorporar indicadores y verificadores, establecer cláusulas objetivas o aritméticas, acompañarlas de sistemas de transparencia máxima, realizar procesos participativos, o modificar el perfil del contratante para otorgar la máxima difusión a las cláusulas sociales.

La experiencia, conocimiento y trayectoria de DE PAR EN PAR está al servicio de aquellas personas e instituciones que consideren que la sociedad se merece una contratación pública social y transparente.

CABILDO DE LA PALMA. CLÁUSULAS SOCIALES Y DIVERSIDAD POLÍTICA.

El 11 de noviembre el equipo de DE PAR EN PAR tuvimos la ocasión de impartir dos talleres sobre cláusulas sociales en el Salón de Plenos del Cabildo de La Palma. Por la mañana la sesión estuvo dirigida a cargos públicos y a técnicos y técnicas, tanto del propio Cabildo como de los catorce ayuntamientos de la isla. En la sesión de la tarde el contenido y la asistencia se centró en las entidades sociales, con especial presencia de organizaciones que trabajan en los ámbitos de la inserción laboral para personas con discapacidad y en situación de exclusión social.

Cabildo de La PalmaEn esta entrada nos gustaría abordar una cuestión y responder a una pregunta que a menudo nos suelen plantear: ¿las cláusulas sociales son de un partido o una ideología determinada?

Y para hacerlo vamos a utilizar el ejemplo del Cabildo de la Palma y las respuestas suscitadas por diversos grupos políticos a raíz del taller impartido.

La primera reacción es la del propio equipo de gobierno: el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la Consejera de Asuntos Sociales Jovita Monterrey, asistieron al taller y mostraron gran interés, pertenecen al Grupo Socialista y está abierta la posibilidad de una colaboración para asesorar un proceso de implantación de cláusulas sociales.

Nada más terminar el taller,miembros de Podemos, que forma parte del Grupo Mixto, como Olivia Fernández o Rodri Laiz se interesaron mucho por las cláusulas sociales y nos formularon diversas preguntas.

Y también asistieron miembros del Grupo Popular, que precisamente en 2011, cuando gobernaban en el Cabildo presentaron y aprobaron una moción para la implantación de las cláusulas sociales que finalmente no se llevó adelante. Antes del taller tuvimos la ocasión de charlar con María Rosa de Haro, y a los pocos días conocimos a través de la prensa que Carlos Javier Cabrera reclamaba al Cabildo “la incorporación real de cláusulas sociales en los contratos de obras, suministros y servicios, ya que están permitidas expresamente por la ley”.

Dicho esto, la cuestión planteada se responde por sí sola: las cláusulas sociales no son patrimonio de ningún partido ni ideología. Por el contrario, desde DE PAR EN PAR siempre apostamos por el máximo consenso político, no sólo porque es la mejor manera de garantizar su continuidad, sino por el hecho cierto de que las cláusulas sociales son indudablemente eficientes y beneficiosas para la ciudadanía, por lo tanto lo extraño sería que alguien se posicione en contra suya.

INDISPAL II TALLER CABILDO

TALLER CABILDO