Cuando quien gobierna es el funcionario

Romper la inercia no es fácil, y hay muchos motivos que lo explican. Por ejemplo, el esfuerzo personal que hay que hacer, el tiempo de más que hay que invertir, las reacciones que generará, el miedo al fracaso, las complicaciones inimaginables que conllevará… Por eso, cambiar de rumbo es muy complicado, sobre todo cuando el viento sopla en contra. En las administraciones públicas, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, muchos de los políticos y políticas que entraron en ellas con responsabilidad de gobernar y, lo más importante, con ganas de mejorar la calidad de vida de sus pueblos, ciudades, provincias y comunidades autónomas, ya lo han podido comprobar. A estas alturas ya saben por experiencia propia lo difícil que es transformar la rancia inercia funcionarial en esperanza y progreso para la sociedad.

Porque, amén de funcionarios y funcionarias con grandes cualidades profesionales y sentido común (que los hay, y muchos), también están los que entorpecen el trabajo de las personas que han sido elegidas por la ciudadanía para cambiar las cosas. Bien sea por sus propias convicciones conservadoras, porque les cuesta recibir la hoja de ruta de partidos políticos con poca experiencia en las instituciones, o simplemente porque no quieren trabajo extra, lo cierto es que lo único que sale de sus bocas es: “Esto no se puede hacer”. Y, por supuesto, dos de sus víctimas preferidas son las cláusulas sociales en la contratación pública y la implementación de más transparencia en la gestión.

Entonces, ¿qué pueden hacer los políticos para cumplir con las promesas de mejora social dadas a la gente? ¿rogar al funcionario? ¿conformarse con lo que hay? ¿sucumbir a las amenazas y a la presión del personal? o, por el contrario, ¿empezar a expedientar y sancionar a los que minan su mandato sin razones legales, con desobediencia, desidia, incompetencia y cobardía? Lo que está en juego es mucho. Es el bienestar común. Es la confianza que millones de personas han puesto en sus dirigentes políticos para salir del agujero de la corrupción y la desigualdad. Sí, romper con la inercia es difícil. Y acabar con ella en las administraciones públicas requiere algo muy complicado: anteponer la igualdad social al bienestar personal. Sin duda, pronto comprobaremos la solidez de los principios sociales plasmados en los programas electorales.